Han pasado más de 30 años desde que Menorca fue reconocida como Reserva de la Biosfera por la Unesco. Desde entonces, ese sello de distinción ha sido motivo de orgullo colectivo, pero también una enorme responsabilidad. Como ya dije en 1993, esta declaración no puede convertirse en un corsé que frene un crecimiento ordenado, sostenible y compatible con el respeto a nuestro patrimonio natural y cultural.
Hoy, reafirmo esa convicción y muestro mi apoyo decidido al equipo de gobierno del Consell Insular de Menorca, que ha tenido la valentía política de afrontar una modificación puntual del Plan Territorial Insular (PTI), una herramienta que necesita una actualización urgente si queremos encarar los próximos diez años con garantías de bienestar, equilibrio territorial y cohesión social.
El equipo de gobierno lo ha hecho escuchando todas las opiniones, tendiendo puentes y fomentando el debate. Pero también siendo consciente de algo fundamental: la decisión y la responsabilidad recaen en quienes gobiernan. Y gobernar implica tomar decisiones, con visión de futuro y con coraje político.
La modificación del PTI no significa renunciar a nuestra identidad ni a nuestros valores ecológicos. Significa evolucionar con sentido común, para que la conservación de la naturaleza sea compatible con un crecimiento económico sostenible y un desarrollo social justo.
Y esto solo se logra si garantizamos igualdad de oportunidades para todos los menorquines: trabajadores, autónomos, empresarios, funcionarios, agricultores, ganaderos, pescadores y comerciantes. Menorca no puede seguir funcionando con normas pensadas para una realidad que ya no existe. Debemos adaptarnos, innovar y evolucionar sin traicionar nuestras raíces.
Lo manifesté en mi pregón de Sant Antoni: hay problemas en Menorca que no admiten más demora. Uno de los más urgentes es el tema del agua. Es imprescindible reclamar al Govern Balear la transferencia de competencias en recursos hídricos, para gestionarlos con autonomía, eficacia y conocimiento del terreno. Sin una política hídrica propia y adaptada a nuestra insularidad, no hay sostenibilidad posible.
También es clave abordar el acceso a la vivienda, facilitando el abaratamiento del suelo y desarrollando políticas que impulsen tanto la vivienda pública como privada, en régimen libre y de precio tasado. No podemos permitir que vivir en Menorca se convierta en un privilegio reservado para unos pocos.
En cuanto al sector agrícola y ganadero, urge reconocer su carácter estratégico para la isla, permitiendo que las explotaciones puedan ser rentables y compatibilizar su actividad con otras funciones económicas regladas. Un campo vivo es garantía de equilibrio territorial y de conservación del paisaje.
En el ámbito turístico, debemos priorizar la mejora de la calidad por encima del crecimiento cuantitativo. Apostar por la renovación y elevación de categoría de los establecimientos existentes es esencial para consolidar un modelo turístico competitivo, de alto valor añadido y alineado con los principios de sostenibilidad.
Todas estas estrategias deben ir acompañadas de una adecuación de las infraestructuras de saneamiento y abastecimiento de agua, tanto en los núcleos urbanos como en las urbanizaciones. Ignorar esta realidad pone en riesgo no solo la calidad de vida de residentes y visitantes, sino también el prestigio de nuestra declaración como Reserva de la Biosfera.
En este punto, conviene recordar que el Partido Popular puede defender con hechos su compromiso con el medioambiente en Menorca. Frente a la retórica, están los resultados:
Fue un gobierno del PP quien clausuró los siete vertederos incontrolados que existían en la Isla, hace más de tres décadas.
Fue el PP quien impulsó y puso en marcha la planta de compostaje, un proyecto pionero en su momento.
Fue también un gobierno del PP quien desarrolló el plan de depuradoras en todos los municipios, entre los años 80 y 90.
Y fue gracias a una mayoría del PP en el Parlament Balear que se aprobó la Ley de Espacios Naturales, que ha permitido que hoy más del 45% del territorio insular esté legalmente protegido.
Pero sería injusto no reconocer que muchos de estos avances se lograron también gracias al clima de consenso, diálogo y aportaciones constructivas por parte de la oposición de la época, especialmente del PSOE y del PSM, que supieron anteponer el interés general de Menorca a las diferencias políticas. Ese espíritu es el que necesitamos recuperar hoy.
Este legado ambiental nos permite defender con orgullo esta propuesta de modificación del PTI. No estamos renunciando a nuestra esencia: la estamos fortaleciendo con una visión realista, valiente y moderna.
Modificar el PTI no es romper con nuestro modelo de isla; es garantizar que ese modelo tenga viabilidad a medio y largo plazo. Es asegurar que todos los menorquines —sin excepción— tengan acceso a oportunidades reales. Que puedan vivir, trabajar, invertir, formar una familia y construir su futuro aquí.
Una Menorca equilibrada, sostenible y viva no solo es posible. Es necesaria. Y hoy más que nunca, es responsabilidad de todos contribuir a construirla.