Condonar una deuda, para algunos, supone exhibir la prelación de la potestad tributaria y la autoridad administrativa frente a cualquier contingencia o necesidad de parte en el llamado estado autonómico; implica jerarquía -poco ‘federal’- desde la que se perdona al pecador, obviando así la obligación de éste para que purgue, y renunciando al derecho de reclamar, desde el que se tiene legitimidad para exigir. Sustituyamos ahora el término para acepciones menos intrusivas. Condonar es también aceptar que se traspasaron los límites de la razón y que la causa ha dejado de ser ‘justa’; equivale a reconocer que los derechos cubiertos no están completamente legitimados, aceptando que se recupera como carga propia aquella que nunca se debería haber traspasado. Y sé que se absorbe lo que en mala conciencia siempre se supo que eran deudas propias fruto de un déficit centrifugado.
La financiación autonómica hace años que discurre en medio de la inaceptación generalizada de las partes, analistas incluidos, desde la asimetría de quien tiene y transfiere, sabiendo, últimamente, que lo que acuerda e impone es insatisfactorio. Aún a sabiendas de que las partes afectadas tienen niveles de satisfacción diferentes y expectativas de disfrute diferenciadas. En esta disyuntiva, ni objetiva ni subjetivamente, se puede encontrar una solución. Lo que es poco para unos es mucho para otros; justo para algunos y despilfarro para otros; ‘borrón y cuenta nueva’, prometido en teoría, pero incentivos perversos en la realidad hacendística. Constituye una prueba de realpolitik para unos y de corrupción política para otros. No hay objetivación posible de cantidades, ni globales ni parciales. Unos no gastaron porque no pudieron y otros lo hicieron pese a no poder. La tabla rasa es, de este modo, injusta y perversa; tan perverso como no reconocer que estos lodos vienen de aquellos polvos. Un barrizal provocado por diferentes gobiernos centrales de distintos colores que huyen de confrontar la realidad autonómica tan heterogénea como lo son sus vocaciones de autogobierno. Los contrafactuales (¿cuánto hubiera tenido que poner el Estado en el monto de la financiación conjunta para haber evitado la acumulación de déficits y deuda?) no son factibles; ciertamente el desequilibrio vertical entre quien ingresa y centrifuga la restricción del gasto, y quien gasta sin responsabilidad en la financiación del gasto, puede afinar la cifra global, pero difícilmente su distribución entre Comunidades, entre las que puede haber imperado un abuso moral de impactos diferentes.
2 Cualquier gobierno necesita, en las presentes circunstancias, poner orden a la financiación autonómica. Pero esta vez el deseo viene contaminado por la exigencia de unos votos necesarios para mantener la legislatura. A la oposición ya le va bien que lo arregle otro, cuando ello además le da un plus de rendimiento demagógico contra las medidas políticas de quien detenta el poder.
La imagen es, pues, la de cerrar los ojos y taparse la nariz para tirar adelante, ya que el mantenimiento de la situación actual genera montañas de podredumbre que subyugan la política, ya sea ahora los menas, la DANA o el «arde el país». Los supuestos análisis económicos en la circunstancia presente no acaban siendo sino argumentos de parte, ya que la racionalidad económica en esta materia lleva ya mucho tiempo embargada por la irracionalidad política…, como para que los académicos pensemos que podemos entrar ahora a dirimir.
Artículo publicado en «Agenda Pública» el 2 de septiembre de 2025