En los últimos meses, la derecha española, representada por el Partido Popular y Vox, ha intensificado su estrategia de confrontación con el Gobierno de coalición. El debate político y mediático se ha endurecido hasta niveles poco habituales, marcado por la descalificación personal y un lenguaje cada vez más agresivo. Este estilo, más propio de la política estadounidense reciente, está deteriorando la convivencia democrática y alimentando la polarización social.
Más allá del tono, preocupa la falta de propuestas constructivas por parte de la oposición. En un momento de dificultades económicas, con la inflación afectando todavía a muchas familias y con desigualdades que se agravan, PP y Vox han optado por centrar sus esfuerzos en desgastar al Gobierno antes que en aportar soluciones. Escasean los planteamientos concretos sobre los grandes retos del país: la crisis climática, la vivienda, la precariedad laboral o la sostenibilidad del Estado del bienestar.
Detrás de esa ausencia de alternativas se adivina un proyecto ideológico claro: reducir el papel del Estado y abrir más espacios de negocio al sector privado. Allí donde gobiernan, la tendencia a la privatización se hace visible en áreas esenciales como la sanidad, la educación o la gestión del agua y los residuos. Bajo el argumento de la eficiencia, se externalizan servicios públicos cuyos resultados suelen traducirse en un deterioro de la calidad y un aumento de la desigualdad.
Este modelo, que combina el discurso neoliberal clásico con estrategias comunicativas de corte populista, recuerda al llamado trumpismo europeo: rebajas fiscales, recortes de gasto público y descrédito sistemático del adversario político e incluso de las instituciones. Las redes sociales amplifican este estilo, donde la crispación sustituye al debate razonado y el relato se impone sobre los hechos.
Mientras tanto, la izquierda atraviesa un momento de desorientación. Las formaciones progresistas no siempre logran ofrecer un relato coherente ni conectar con una ciudadanía cansada del conflicto permanente. La dificultad para comunicar los logros de gobierno y la fragmentación del espacio progresista debilitan la respuesta frente a una derecha cada vez más disciplinada y mediáticamente eficaz.
La batalla no es solo electoral, sino también cultural e ideológica. Se decide qué modelo de sociedad queremos: uno donde los servicios públicos sean un derecho o uno donde se conciban como un negocio; uno que apueste por la cohesión social y la sostenibilidad o uno que priorice el beneficio a corto plazo.
En este contexto, reforzar la conciencia cívica y el pensamiento crítico resulta esencial. La sociedad necesita información veraz, debate sosegado y participación activa para no dejar que el ruido o la manipulación condicionen sus decisiones. La defensa de los servicios públicos, la justicia social y el equilibrio ambiental no puede quedar solo en manos de los gobiernos; requiere una ciudadanía movilizada, informada y exigente.
España ha demostrado en el pasado su capacidad de organizarse y defender sus derechos. En tiempos de polarización y discursos simplistas, esa madurez democrática será clave para evitar que el interés general quede subordinado a los intereses económicos de unos pocos.
En Menorca, donde también se abren debates sobre el futuro económico y social de la isla, conviene no perder de vista este contexto. Algunos foros y encuentros recientes parecen más ejercicios de imagen que espacios reales de propuesta o reflexión. Frente a un capitalismo global en crisis, con una revolución tecnológica dominada por China y con profundas tensiones sociales, el futuro de Menorca dependerá de la capacidad colectiva para afrontar retos concretos: vivienda, sanidad y enseñanza pública, agricultura y ganadería ecológica, integración social y cambio climático.
Si la izquierda aspira a ofrecer respuestas a estos problemas, debe asumir un proyecto verdaderamente transformador y dejar de actuar como mera espectadora. La clase trabajadora y los movimientos sociales menorquines tienen un papel esencial que desempeñar. Solo con su participación activa podrá la isla construir un futuro más justo, sostenible y democrático.