Lo que está ocurriendo estos días con el proyecto de mejora de la carretera en el tramo de Rafal Rubí es profundamente preocupante. Mientras el Consell insular de Menorca y el Govern balear han trabajado desde el primer día con informes técnicos, criterios de seguridad y respeto al patrimonio, el Ministerio de Cultura ha decidido convertir una cuestión de gestión pública en una batalla política. En lugar de levantar el teléfono, hablar, coordinar, cooperar, ha preferido filtrar comunicados a los medios y enviar información parcial a los organismos internacionales. Y eso, además de irresponsable, es una falta de respeto institucional hacia Menorca.
Hay algo que es importante recordar: el proyecto de Rafal Rubí no es un capricho político. Es un proyecto técnico, estudiado durante años por los profesionales del Consell. Son los ingenieros de carreteras quienes han analizado las alternativas y han concluido que esta es la mejor solución posible en términos de seguridad, eficiencia y movilidad. Son los técnicos de patrimonio quienes han informado favorablemente el impacto y han propuesto las medidas correctoras necesarias para preservar el paisaje arqueológico. Y son los expertos de la Agencia Menorca Talayótica quienes, por mayoría, han validado dichas medidas.
Sin embargo, parece que el Ministerio ha dado más credibilidad a las presiones de ciertos grupos minoritarios que a los informes oficiales realizados por profesionales públicos. Incluso se ha tenido en cuenta un estudio que no forma parte del expediente, mientras otros documentos esenciales simplemente no se han enviado a la Unesco. ¿Cómo se puede defender el patrimonio ocultando información? ¿Cómo se puede decir que se protege Menorca actuando de espaldas a las instituciones de Menorca?
La realidad es clara: la carretera ya existe. No hablamos de construir nada nuevo, sino de mejorar la seguridad de un tramo en el que los accidentes son frecuentes y donde, desde hace más de una década, los vecinos piden soluciones. También hablamos de aprovechar un convenio de 8,5 millones de euros, que Menorca podría perder si continúa esta parálisis artificial. Y hablamos, sobre todo, de encontrar un equilibrio responsable entre el patrimonio y la seguridad, un equilibrio que este proyecto sí respeta.
El debate no es si la carretera se hará o no. La carretera se hará porque Menorca la necesita. El debate es cómo y con qué medidas correctoras. Y en ese punto, el Consell ha demostrado siempre voluntad de diálogo, escucha y mejora. Lo mínimo que debería hacer el Ministerio es actuar con la misma responsabilidad.
Sin lugar a dudas, apoyo a Joan Pons Torres, conseller de Patrimonio histórico, al presidente, Adolfo Vilafranca, y al equipo entero del Consell en este camino. Y pido algo muy simple: menos ruido político y más rigor institucional. Menorca merece decisiones basadas en el conocimiento, el estudio y el interés general, no en estrategias partidistas.
Porque aquí no se trata de ideología. Se trata de seguridad, de futuro y de respeto.