La conectividad aérea de Menorca es una cuestión estructural, no coyuntural. No depende de modas ni de campañas, sino de la obligación del Estado de garantizar la igualdad entre ciudadanos, vivan donde vivan. Cuando una isla tiene limitadas sus conexiones con la península, no se está hablando de comodidad, sino de oportunidades, de competitividad y de justicia territorial.
En este contexto, es una buena noticia que el borrador de la Orden Ministerial que regula la OSP Maó–Madrid contemple por primera vez una tercera frecuencia diaria. Esta medida permitiría incrementar cerca de un 30 % la capacidad durante los meses de vigencia de la OSP y aliviar una ruta claramente saturada, especialmente en invierno. No se trata de una concesión gratuita, sino del resultado de un trabajo insistente y coordinado desde Menorca y Baleares para corregir una situación objetivamente deficitaria.
El Consell Insular de Menorca, con su presidente Dolfo Vilafranca al frente, el Govern balear presidido por Marga Prohens y el Partido Popular en todas las instituciones han defendido de forma reiterada una reivindicación justa, razonable y avalada por datos: pasar de dos a tres frecuencias diarias para garantizar una conectividad acorde a las necesidades reales de la isla. Una demanda que durante años se ha encontrado con el rechazo o la indiferencia del Gobierno central y el voto negativo del PSOE en Madrid.
Conviene, no obstante, ser claros. Que esta tercera frecuencia figure en un borrador es un avance, pero no puede quedarse en una declaración de intenciones. Para que sea efectiva es imprescindible que la licitación cuente con el presupuesto adecuado y que el Gobierno de España asuma su responsabilidad. Si hay dinero para nuevos abonos de transportes terrestres -anunciados para Pedro Sánchez-, también debe haber dinero para mejorar la conectividad aérea.
Es cierto que existe una gran incertidumbre culpa de la debilidad del Gobierno de España, empezando por la incapacidad para aprobar unos Presupuestos Generales del Estado. España afronta prácticamente una legislatura sin presupuestos, con prórrogas sucesivas que paralizan inversiones, generan inseguridad y afectan directamente a servicios estratégicos como la conectividad aérea, especialmente en territorios insulares que dependen de la planificación y que se pague cuando toca el descuento de residente.
Cuando un Gobierno es incapaz de planificar, de priorizar y de cumplir, los territorios más frágiles son siempre los primeros perjudicados. Y a esta parálisis se añade un contexto político cada vez más deteriorado, marcado por casos de corrupción que se acumulan en el entorno del PSOE, investigaciones, detenciones y una preocupante falta de explicaciones.
La realidad es clara: el Gobierno de Pedro Sánchez atraviesa una fase de desgaste evidente, más pendiente de su supervivencia política que de ofrecer respuestas a los problemas reales de los ciudadanos. A ello se suman informaciones especialmente graves sobre presuntos casos de acoso a mujeres dentro del Partido Socialista. Ante los que el Gobierno ha optado por el silencio o por minimizar responsabilidades, una actitud incompatible con la ejemplaridad que se exige desde el poder.
España necesita un Gobierno centrado, estable y capaz de gestionar. Y Menorca necesita un Estado que cumpla, que respete la insularidad y que garantice la igualdad real entre ciudadanos. Desde el Partido Popular seguiremos defendiendo la conectividad de nuestra isla con firmeza y constancia, porque no es una cuestión partidista, sino una condición imprescindible para el presente y el futuro de Menorca.