Hablar hoy del Concordato de 1953 entre el Estado español y la Santa Sede no es un ejercicio de nostalgia ni de provocación ideológica. Es, más bien, una invitación a revisar con serenidad una de las claves que explican la relación entre religión, poder y sociedad en la España contemporánea, una relación llena de claroscuros cuyos efectos, aunque atenuados, todavía se perciben.
La estrecha relación entre el régimen franquista y la Iglesia no surgió de la nada. Tras la Guerra Civil, el Vaticano observaba con atención a un país que se presentaba como bastión del catolicismo frente al avance del comunismo y el laicismo en Europa. Para el Vaticano, Franco había salvado a la iglesia católica del genocidio que el frente popular practicó sobre ella, con más de 7000 ejecuciones de religiosos, religiosas, y obispos, sin olvidar la destrucción sistemática de templos, iglesias y escuelas religiosas. Para Franco, el respaldo eclesiástico suponía algo aún más valioso: reconocimiento internacional y legitimidad moral ante una sociedad exhausta.
No olvidemos que la España de la posguerra era un país devastado material y moralmente. En ese contexto, la Iglesia católica desempeñó un papel que fue mucho más allá de lo estrictamente religioso. Fue red asistencial, referente educativo y sostén moral para una población empobrecida y marcada por la fractura social. El dictador entendió pronto que ese peso espiritual podía convertirse en un pilar central de su proyecto político.
Desde la perspectiva social, el Concordato de 1953 aportó elementos que, en aquel momento histórico, tuvieron un impacto positivo para amplias capas de la población. Garantizó estabilidad institucional, favoreció la reconstrucción de templos y escuelas, impulsó una red educativa que llegó a zonas rurales donde el Estado apenas tenía presencia y consolidó una asistencia social —hospitales, orfanatos, comedores— que resultó esencial en años de escasez. Para muchas familias, la Iglesia fue el único apoyo real disponible.
El acuerdo también contribuyó a la normalización internacional de España en plena Guerra Fría. El respaldo del Vaticano ayudó a romper el aislamiento diplomático del régimen, lo que a medio plazo facilitó inversiones, acuerdos económicos y una progresiva apertura que acabó beneficiando a la población. No es un dato menor: la estabilidad política y el reconocimiento exterior tuvieron consecuencias prácticas en la mejora de las condiciones de vida.
Ahora bien, ese modelo tuvo un precio. El Concordato otorgó a la Iglesia privilegios excepcionales: control de la educación, reconocimiento exclusivo del matrimonio canónico, exenciones fiscales y una fuerte presencia en los medios de comunicación. La religión se convirtió en norma social obligatoria y la disidencia quedó relegada. La libertad religiosa, tal como hoy la entendemos, simplemente no existía.
El Vaticano actuó con prudencia estratégica. Observaba en España un bastión católico frente al avance del laicismo europeo, como ya hemos dicho, pero también era consciente de los riesgos de una identificación excesiva entre Iglesia y poder político. Aun así, el acuerdo se firmó y fue valorado positivamente por Roma como un instrumento de protección de la fe en un continente convulso.
Los acuerdos de 1976 y, sobre todo, los de 1979 redefinieron profundamente la relación Iglesia-Estado. Se eliminó la confesionalidad, se reforzó la autonomía eclesial, se reconoció la libertad religiosa y se ajustaron ámbitos sensibles como la educación, la financiación y el estatuto jurídico del clero. Fue una reforma pactada, pragmática y eficaz, que evitó conflictos innecesarios y garantizó estabilidad institucional en un momento delicado. Partiendo de estas reformas el Gobierno socialista de Felipe González afrontó con realismo político esta cuestión. Lejos de derogar los acuerdos entre España y la Santa Sede, el PSOE decidió mantenerlos.
Este enfoque permitió conservar aspectos positivos heredados del pasado sin imponer creencias ni vulnerar derechos. La religión dejó de ser obligación para convertirse en opción, pero sin ser expulsada del espacio público. Ese equilibrio explica en parte por qué España no vivió una ruptura traumática en esta materia, a diferencia de otros países.
Desde Menorca, tierra de convivencia y pluralidad histórica, esta reflexión adquiere un valor especial. Nuestra experiencia demuestra que tradición y libertad no son conceptos incompatibles. La fe, vivida desde lo personal y lo comunitario, puede enriquecer; cuando se impone desde el poder, divide.
El Concordato de 1953 fue hijo de su tiempo. Reitero, tuvo efectos positivos innegables en una España empobrecida, negarlo sería negar la realidad. Pero también generó una confusión peligrosa entre religión y autoridad política. La democracia no lo borró, sino que lo transformó con inteligencia y consenso.
Y es que solo desde una memoria honesta —capaz de reconocer luces y sombras— se puede seguir construyendo un país donde convivan creencias, derechos y libertades, sin privilegios heredados, ni manipulaciones históricas interesadas en borrar la realidad de nuestra historia, a veces gloriosa y heroica, otras tenebrosa y violentas, pero es nuestra historia.