Ruanda sigue «plenamente comprometida» con el acuerdo para deportar a este país africano solicitantes de asilo llegados al Reino Unido por vías irregulares, a pesar de la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de paralizar anoche el primer vuelo, afirmó el Gobierno ruandés. «Los nuevos acontecimientos no nos han disuadido. Ruanda sigue plenamente comprometida a hacer que este acuerdo funcione», dijo este martes en una rueda de prensa posterior a la decisión judicial anunciada a última hora de ayer la portavoz del Ejecutivo ruandés, Yolande Makolo, según recogen hoy medios locales.
«La situación actual de personas emprendiendo peligrosas travesías no puede continuar porque está causando un sufrimiento incalculable para muchos», añadió Makolo. La cancelación del vuelo se produjo después de los recursos legales que habían presentado varios solicitantes de asilo y por la intervención del TEDH, que ordenó paralizar la expulsión de varias de las siete personas que debían ir a bordo de la aeronave.
En su decisión de paralizar la deportación del solicitante de asilo identificado como K.N, de nacionalidad iraquí y nacido en 1968, el tribunal resolvió que el hombre «no debe ser expulsado hasta que expire un periodo de tres semanas tras la decisión final en la revisión judicial que está teniendo lugar». Se espera que la justicia inglesa decida en julio si la deportación de los solicitantes de asilo a Ruanda se ajusta a la ley y puede continuar. Para su «excepcional» decisión cautelar, la corte con sede en Estrasburgo tomó en consideración la preocupación sobre estas expulsiones expresada por el Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y también la ausencia de un mecanismo legal que obligue a Londres a aceptar a K.N. en su territorio si su solicitud de asilo tiene éxito.
Desde que se anunció el pasado mes de abril, el polémico acuerdo ha suscitado críticas de organizaciones de derechos humanos, las Naciones Unidas y la oposición en ambos países, así como del príncipe Carlos (heredero de la Corona británica) y la cúpula de la Iglesia Anglicana. En este sentido, la principal figura de la oposición ruandesa, Victoire Ingabire Umuhoza, ha declarado que el acuerdo para enviar a los solicitantes de asilo a Ruanda viola la Convención de Ginebra de 1951, cuyo principio fundamental es la no devolución a un país donde su libertad pueda estar gravemente amenazada.
Los críticos no solo argumentan que la protección de los derechos humanos no está garantizada en Ruanda -un país que, según la ONU, tampoco cuenta con las estructuras necesarias para procesar las solicitudes de asilo- sino que también señalan el alto coste que el acuerdo tendrá para las arcas del Gobierno británico. Tras cancelarse anoche el vuelo, la ministra británica del Interior, Priti Patel, se mostró «sorprendida» por la intervención del TEDH para paralizar la deportación pero aseguró que no se dejará «disuadir» en su empeño. El Gobierno británico -que aportará al ruandés hasta 120 millones de libras esterlinas (más de 138 millones de euros)- ha asegurado que el acuerdo con Ruanda es necesario para desincentivar la llegada de personas en pequeñas embarcaciones a través del canal de La Mancha. Londres estima que 28.526 personas cruzaron el canal en 2021 para acceder al Reino Unido de manera irregular, frente a 8.466 un año antes.