Como una letanía, el Gobierno no para de repetir la expresión "máquina del fango" desde que el miércoles pasado se refiriese por primera vez a ella en su carta a la ciudadanía el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quién sabe si lector de Umberto Eco, el escritor que acuñó la frase.
Este miércoles, el Ejecutivo ha aprovechado la manifestación del Primero de Mayo para insistir en que en España existe una estrategia coordinada por parte de la oposición y "pseudomedios y webs" para deslegitimar a sus integrantes, especialmente al presidente Sánchez. Son estos actores, según el Gobierno, quienes conforman la famosa máquina del fango.
Ha sido la vicepresidente primera, María Jesús Montero, una de las encargadas de hablar sobre el asunto en la concentración celebrada en Madrid. Así, durante su intervención, la también ministra de Hacienda ha instado a quienes quieren deslegitimar a los gobiernos progresistas a que "respeten el resultado de las urnas".
Para Montero este Primero de Mayo trasciende a la reclamación de los derechos de los trabajadores. Si los ciudadanos han salido a las calles este miércoles es porque, dice, para "defender la democracia". "No vamos a permitir que nos arrebaten la capacidad transformadora de la mayoría social de un país", ha aseverado.
De esta manera, la vicepresidenta primera Montero ha instado a desenmascarar a quienes a través "del insulto, de la difamación, de la mentira y del bulo" intentan deslegitimar a los gobiernos progresistas. Y es que, según defiende, es la "máquina del fango" la que intenta que no se hable de los problemas de los ciudadanos.
Montero considera que la oposición no puede tener como proyecto "la deshumanización del rival, la aniquilación del que no piensa como uno", porque "detrás de cada uno de los actores sociales hay personas con nombres y apellidos que ponen lo mejor de sí mismo al servicio de la causa colectiva".
"Basta ya de deslegitimar las instituciones cuando a uno no le gusta el Tribunal Constitucional, el Consejo General del Poder Judicial, el Parlamento y todo aquello que está expresando la voluntad popular y que algunos quieren negar a toda costa", ha agregado.
"Una estrategia deliberada de golpear al Gobierno"
La otra ala del Gobierno ha estado representada este miércoles por la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien, si bien durante la manifestación ha insistido en el compromiso del Ejecutivo de reducir la jornada laboral, reformar el despido y subir los salarios, antes de la concentración también se ha referido a la situación desencadenada tras los "cinco días de reflexión" del presidente Pedro Sánchez.
En una entrevista concedida a la Cadena Ser, como han hecho todos los integrantes de Sumar, ha vuelto a celebrar la intención de Sánchez de encabezar, según sus palabras, "la regeneración democrática de España", una regeneración que el presidente continúa sin detallar. No obstante, Díaz ha insistido en que es necesario actuar ante lo que considera "una estrategia deliberada de golpear" al Gobierno por parte del PP, especialmente en el "secuestro" del Consejo General del Poder Judicial.
"Si no es posible ese acuerdo, legislemos, ¿Y cómo legislamos? Pues respetando el mandato constitucional", ha señalado la vicepresidenta segunda. "Intentemos esa mayoría cualificada de tres quintos durante un lapso temporal y si no se cumple ese lapso temporal procedamos a la mayoría absoluta", ha añadido en una petición clara al ala socialista del Gobierno de que impulse una reforma de la Ley del Poder Judicial para modificar el sistema de mayorías de cara a elegir en el Parlamento a los vocales que integran el CGPJ.
Cabe recordar que cuando el CGPJ se acercaba a los dos años con el mandato caducado —ya ha cumplido un lustro— PSOE y Unidas Podemos impulsaron en el Congreso una reforma para rebajar las mayorías parlamentarias exigidas. Proponían que los 12 vocales de extracción judicial, que ahora son elegidos por mayoría de tres quintos del Parlamento, pudieran ser designados en segunda votación por mayoría absoluta. No obstante, la iniciativa despertó las suspicacias de Bruselas. Ante este tirón de orejas, Pedro Sánchez decidió entonces dejar esa reforma en suspenso.