El Govern restringirá inicialmente la posibilidad de que las viviendas en suelo rústico que se legalicen se puedan destinar al alquiler turístico, pero permitirá esta opción una vez que hayan pasado unos años. La duración de este periodo de restricciones es una de las cuestiones que aún debate el Govern, pero será, como mínimo, de cinco años. Es decir, durante los cinco primeros años tras conseguir la legalización de la vivienda no se podrá solicitar autorización para alquilar la casa a los turistas.
Esta era una de las dudas que aún no había resuelto el Govern, pero Vicepresidència ya ha tomado la decisión de que esta restricción sea limitada y temporal. La actual Ley de Turismo, aprobada durante el mandato de Iago Negueruela como conseller, establece que, para que una vivienda se destine a alquiler turístico, debe tener una antigüedad mínima de cinco años.
Durante este periodo el uso de la vivienda tiene que haber sido residencial privado. Esos cinco años que marca la ley es, por tanto, el límite que maneja el Govern para restringir que las viviendas legalizadas se puedan comercializar con fines turísticos y todo apunta a que ese será finalmente el límite temporal que se fije.
El Govern ultima los detalles del decreto, que podría quedar definitivamente aprobado por el Consell de Govern en la sesión del próximo 17 de este mismo mes. Otra de las cuestiones en las que se trabaja es la cuantía de las multas que deberán pagar los propietarios de las viviendas donde se hayan hecho obras ilegales. Las multas serán progresivas y se pagará más cuanto más se tarde en legalizar las obras, pero la cuantía final aún no está definitivamente cerrada.
En un primer momento, se apuntó a la posibilidad de que la sanción fuera de un rango de entre el 15 y el 25 % del valor de las obras de legalización, pero el Govern quiere introducir un nuevo elemento para modular las sanciones en función de los niveles de renta de los infractores, según señalan algunas fuentes.
El Govern no tiene una idea de cuántas construcciones podrán acogerse a este proceso de regularización, pero debe tenerse en cuenta que no todos los inmuebles se podrán legalizar. Para empezar, el delito urbanístico debe haber prescrito, por lo que el Govern ya no tiene herramientas para obligar a demoler las construcciones que se hayan podido hacer. Además, el vicepresident del Govern Antoni Costa, explicó en la presentación de un primer borrador que algunas de las obras no prescriben nunca en función del grado de protección del suelo en el que se cometió la ilegalidad.
La única estimación que se ha hecho hasta la fecha se remonta los primero años de este siglo, cuando se realizaron los trabajos previos para la redacción del Plan Territorial. Hay estudios de la época que señalaban que, solo en Mallorca, había entonces unas 30.000 edificaciones ilegales. Durante estos más de 20 años es probable que la cifra haya aumentado, pero a esta cantidad hay que restar los casi 1.500 proyectos que se legalizaron en un proceso similar al que ahora activa Prohens. Se hizo durante el mandato de Gabriel Company como conseller y la legalización de todas esas obras supuso una inversión de 184 millones de euros. Son datos de la estadística del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (COAIB), que recogió las labores de legalización de estas viviendas.
El Govern cree que la cifra será ahora mayor, tanto en lo que respecta a número de proyectos, como a la inversión realizada porque la coyuntura económica de entonces era mucho más complicada, en plena crisis económica global.
tannochEs que es problema de sa vivenda residencial la d' arreglar es govern creant solucions no problemes,si manca vivenda,crea un parc de vivenda publica amb preus baixos i ja esta,arreglar es problema tocant sa casa de sa gent quasi obligant a llogarla als preus que diuen ells sona a republica bananera.