La nueva Ley Agraria de Balears, en fase de exposición pública desde el pasado 11 de octubre, ha abierto un nuevo frente en el sector turístico rural. El texto normativo, que sustituirá a la ley de 2019, introduce cambios significativos en las actividades complementarias que pueden desarrollar agricultores y ganaderos para diversificar sus ingresos, en línea con las directrices europeas.
Uno de los puntos más sensibles es la regulación de las llamadas agroestancias, una fórmula ya contemplada en la normativa anterior pero que ahora se amplía de forma sustancial. Este nuevo modelo ha encendido las alarmas en la asociación de agroturismos de Baleares, que teme que las agroestancias generen una competencia desleal al estar sujetas a requisitos más laxos que los establecimientos turísticos convencionales.
«Las agroestancias generan confusión. Repiten una figura legislativa que ya existe para dispensar al pequeño agricultor de una serie de obligaciones que Industria o Sanidad sí nos impone a nosotros. Sería más lógico dispensar de esas obligaciones a los agroturismos de menos de diez plazas», asegura el presidente de la Asociación Balear de Agroturismos y Turismo de Interior, Miquel Artigues. La asociación tiene previsto presentar en breve sus alegaciones al texto normativo.
Hasta ahora, los payeses podían alojar huéspedes únicamente en la vivienda principal de la finca. Con la nueva propuesta, estos alojamientos podrán habilitarse también en otras construcciones de la explotación, siempre que no estén fuera de ordenación y que no resulten imprescindibles para la actividad agraria. Esto abre la puerta a adaptar antiguos almacenes o naves ganaderas para usos turísticos.
La ley permitirá reformar y ampliar estas edificaciones hasta un 20 % de su volumen inicial para adecuarlas a las condiciones de habitabilidad exigidas. Además, las agroestancias solo podrán implantarse en explotaciones agrarias preferentes con más de cuatro años de antigüedad en el registro oficial, lo que limita su alcance respecto a la normativa de 2019. Los alojamientos deberán, asimismo, ofrecer a los visitantes experiencias vinculadas a la actividad agrícola o ganadera y la posibilidad de adquirir productos de la propia finca mediante venta directa o degustación.
Cada establecimiento podrá contar con un máximo de diez plazas, computadas como plazas turísticas ordinarias, lo que implica que no se crearán nuevas plazas para este tipo de alojamiento. Para garantizar su acceso a los payeses, la nueva ley establece que los consells insulars deberán reservar un mínimo del 10 % de las plazas de la bolsa turística para agroestancias y aplicar una bonificación mínima del 60 % en el precio de adquisición.
La patronal de agroturismos advierte, además, de que la nueva ley podría distorsionar el mercado turístico rural y desvirtuar el modelo de agroturismo que ha caracterizado a Baleares en las últimas décadas: «La finalidad de los agroturismos es garantizar el mantenimiento de les possesions y hacer rentable su explotación agraria, no la de llevar turistas al campo», asegura Artigues.
Hemos cambiado los cerdos por ingleses y las vacas por placas solares. Menorca se va a la mierda. Aqui os quedáis. Yo me marcho.