Baleares aportará el año que viene 408,51 millones de euros a otras comunidades autónomas en concepto de solidaridad, según el cálculo realizado por el Govern y que figura en el proyecto de techo de gasto a partir de los datos que le ha entregado el Gobierno. El sistema de financiación, ahora de nuevo en cuestión, vuelve a dejar a Baleares como una de las comunidades aportadoras.
Las Islas recibirán el año que viene 4.206 millones entre entregas a cuenta y liquidación del sistema de financiación. Son los datos definitivos que este lunes facilitó al Govern la vicepresidenta María Jesús Montero en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Es una cifra ligeramente superior a los 4.190 millones que notificó el pasado mes de julio, 16 millones. A estas cantidades ya se le han descontado los 408 millones que irán a solidaridad.
Según el Gobierno, estas aportaciones demuestran el «compromiso» del Ejecutivo con Baleares, ya que la cuantía sube un 4,6 % con respecto a este año. Según el Govern, esta aportación no es ninguna «dádiva» ni demuestra compromiso alguno, sino que es el «resultado» de los impuestos que han pagado los ciudadanos.
Ese choque político entre el Govern y el Gobierno se plasmó este lunes por la tarde tras la notificación de la cuantía definitiva, pero ya venía desde la mañana, cuando los dos ejecutivos se vieron en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La reunión tenía que servir para que la ministra María Jesús Montero diera detalles de la propuesta de un nuevo modelo de financiación autonómica, pero en la reunión pocos detalles se dieron sobre este asunto.
Las comunidades del PP, entre ellas Baleares, habían acudido a la cita con enormes prevenciones ante la posibilidad de que el Gobierno de Pedro Sánchez termine pactando una financiación especial con Cataluña de manera bilateral y deje a un lado al resto de comunidades autónomas.
La ministra no avanzó una propuesta concreta, algo que le exige el Govern. En ausencia del vicepresident del Govern, acudió al encuentro la vicepresidenta, Antònia Maria Estarellas. Urgió a la ministra a que inicie la reforma del sistema de financiación y ponga encima de la mesa una propuesta firme de modificación. «La ministra se ha despedido hoy con algunas líneas de propuestas y planteamientos genéricos, pero sin un borrador de documento sólido sobre el que empezar a trabajar. Y lo ha dejado todo para la reunión de febrero, es decir, ha dado una patada hacia adelante», aseguró en referencia a que María Jesús Montero será la candidata del PSOE a las próximas elecciones andaluzas.
La ministra avanzó que su intención es presentar una propuesta a principios del año que viene. Mientras tanto, el Govern denunció las «incoherencias» de un planteamiento genérico que por ahora defiende una negociación bilateral con Cataluña mientras al mismo tiempo afirma que habrá una negociación multilateral con todas las autonomías. «Habla de respetar la bilateralidad en un modelo multilateral y todos sabemos qué puede esconder este planteamiento, difícilmente compatible. Algunos conceptos son contradictorios entre sí», señaló Estarellas.
A la espera de la propuesta definitiva, la vicepresidenta valoró algunos de los planteamientos del Gobierno, como la eliminación de las entregas a cuenta para que las autonomías vayan cobrando según van llegando los ingresos por los diferentes impuestos. La ministra también habló de la autonomía fiscal de las comunidades para subir o bajar impuestos, que es otra de las reclamaciones de Baleares, si bien al Govern le preocupan las referencias a la «corresponsabilidad fiscal» y sus críticas a los gobiernos autonómicos que han bajado los impuestos. «Es preocupante e incongruente», afirmó la vicepresidenta al finalizar las reunión.
Mientras un señor de Madrid dispone de Aeropuerto, Ave, autopistas, museos, teatros, universidades, Cáceres no dispone de un tren decente, y usted lo justifica. Yo pago impuestos para que hasta que un señor de Cáceres no tenga un tren decente, no haya dinero para AVES, este es el sentido de los impuestos. Los lujos que cada uno se los pague y si queréis Aves, os los pagáis de vuestro bolsillo. Pago impuesto para que todos los españoles tengan acceso a las universidades en igualdad de condiciones cueste lo que cueste y si queremos que todas las universidades estén en Pinto, habrá que compensar económicamente a los de Pobla. ¿Qué es eso de justificar que todo esté en Madrid por ser la capital? ¿La constitución española establece que los ciudadanos de Madrid disponen de mayores privilegios que los de provincias? Si el señor de Sa Pobla y el de Pinto compran en Amazón los mismos zapatos, los dos pagarán lo mismo por ello. Si Amazón lo ha conseguido ¿Qué falla en lo de la economía de escala? No nos cuenten tonterías a los de Baleares que hemos salido a estudiar fuera.