Cree que es necesario intervenir en el mercado de vivienda, pero que debe hacerse con «inteligencia». No es el momento, dice, «de buscar titulares si a nivel técnico se hace el ridículo y nada se sostiene». Crítico con las «ideas milagro de dudosa viabilidad» que proponen partidos como Podemos y Més en materia de vivienda y firme a la hora de defender una regulación que la proteja como «un bien básico y necesario para el ejercicio efectivo de cualquier otro derecho», aunque eso implique cuestionar actuaciones que avala el propio Govern, Eduardo Robsy, el que será número dos de la candidatura del PSOE al Consell de Menorca tras Susana Mora, está llamado a ser la principal baza del partido socialista para encarar el problema de la vivienda en la Isla.
Figura clave en la elaboración de la primera ley balear de vivienda -que incluye de forma expresa la función social de la misma y permite la expropiación temporal de uso de propiedades desocupadas de grandes tenedores- y director general de Vivienda y Arquitectura del Ejecutivo autonómico entre julio de 2019 y mayo de 2022, desde que Robsy dimitió de su cargo ha estado alejado de la gestión pública, pero ha aprovechado su blog «Viviendista», sus redes sociales y sus intervenciones en distintos medios de comunicación para compartir sus ideas en materia habitacional. Estas son algunas de sus declaraciones más recientes, agrupadas a continuación.
Veto a extranjeros: un «invento electoral» que contradice las ‘golden visas'
Algo que ha dejado claro Eduardo Robsy es que «necesitamos buenas ideas para resolver el problema, no inventos electorales y polémicas» que, como la limitación de compra de viviendas a extranjeros no residentes, ha afirmado, «no funcionan». Sobre esta medida, ha dicho Robsy, «no solo no hay base jurídica para adoptarla, sino que tampoco hay argumentos económicos para hacerlo». Por otra parte, ha asegurado, «sería la medida más fácil de esquivar de la historia» y entraría en contradicción con las ‘golden visas' o autorizaciones de residencia y trabajo que el Gobierno concede a cualquier extranjero que compre un inmueble de más de 500.000 euros. «Lo grave es que se siga perdiendo tiempo en esta cuestión cuando hay otras muchas cosas por hacer que sí son factibles. No más humo, por favor», ha reclamado Robsy, que ha insistido en que esta medida «es contraria a la constitución europea» y ha lanzado un dardo a Podemos al expresar que «estaría bien que los que saben menos derecho escuchasen... ya se ha visto lo que les pasa cuando los mismos se ponen a escribir una ley sin tener los conocimientos necesarios».
Aval hipotecario: una medida que «puede funcionar», pero con inconvenientes
La población balear ya puede comprar vivienda con el aval público prestado por el Govern, que cubre hasta un 20 por ciento del importe de la hipoteca, siempre que el inmueble no supere los 270.000 euros y los ingresos del demandante no sobrepasen los 57.117 euros. Una realidad que «si funciona bien, puede reducir la presión sobre el mercado de alquiler de vivienda: quien sea solvente, podrá comprar», ha señalado Robsy, que, no obstante, ha reconocido que existe «incertidumbre» en torno a esta medida, refiriéndose a «la evolución del Euríbor y los criterios de solvencia de los bancos». Hay que tener en cuenta que esta iniciativa se anunció en octubre del año pasado y, desde entonces, en un contexto inflacionista, el Euríbor ha seguido su escalada y ya ha tenido un efecto directo en las hipotecas, que se han encarecido unos 300 euros al mes mientras las familias han sufrido una pérdida de poder adquisitivo.
Defensa de la VPO: un sistema que hay que replantear para incluir a la clase media
Apuesta Eduardo Robsy por un nuevo planteamiento del sistema de VPO que incluya a diferentes grupos de población que tienen dificultades para acceder a un hogar. En relación con esto, ha compartido la necesidad de «construir vivienda de alquiler asequible enfocada a la clase media, a la que también hay que atender y no olvidar». También en materia de VPO, ha criticado que podría incrementarse el esfuerzo actual de construcción y «asegurarse de que en cada parcela urbanizable se haga el número máximo de viviendas posible». Asmismo, ha reprochado al Govern que «ante la emergencia, hay opciones de construcción más rápidas y sencillas, no todo debe ganar un premio», haciendo referencia al galardón internacional AR Emerging que recientemente ha recibido el Ibavi por su línea de construcción sostenible. «Con los mismos recursos se podría estar haciendo más vivienda convencional», ha defendido Robsy, que se ha decantado por una «adecuada financiación para construir VPO, tanto pública como privada» y por una «agilización en la tramitación de licencias urbanísticas» para seguir creando viviendas a un precio asequible. Una postura que entra en conflicto con lo anunciado desde el Govern -concretamente, desde la Conselleria de Medio Ambiente que dirige el político de Més Miquel Mir- respecto a la necesidad de tomar medidas para contener el desarrollo urbanístico «desatado» que se ha producido en Balears.
Mercado de alquiler: limitar los precios del alquiler, una solución a corto plazo
En temas de vivienda, ha repetido Robsy, «no hay panaceas» y ha advertido que, de ser lo bastante complicada la situación, «se podría plantear la regulación del precio máximo del alquiler». Ha reconocido que «es algo que he estudiado con cierto detalle y se podría hacer sin depender de la ley estatal atascada. Balears puede regular los precios del alquiler, siempre que se haga en zonas definidas y en tiempos muy concretos, sin una aplicación indefinida y sabiendo que no es la solución». Aparte, Robsy ha calificado de «otra traca electoral» la intención de Podemos de crear una inmobiliaria pública de alquiler en Balears, que ha relacionado con el programa Lloguer Ètic del Consell de Menorca. «Salvo costar dinero público, no arreglará nada», ha criticado. A la misma formación ha advertido que la propuesta para que los honorarios de las inmobiliarias los paguen los caseros y no los inquilinos provocaría «un nuevo aumento generalizado de los precios de alquiler».
Patrimonio inmobiliario: reconvertir locales, una medida que «merece la pena replantear»
Aprovechar y rehabilitar el patrimonio inmobiliario existente es, para Eduardo Robsy, una posibilidad que hay que estudiar. En este sentido, ha denunciado el «desinterés que han mostrado las administraciones locales» en torno a la reincorporación de las viviendas vacías al mercado inmobiliario y ha defendido que «merece la pena replantear» medidas como la de facilitar la reconversión de locales en viviendas y la de permitir la división de grandes propiedades para que, con una inversión mínima y sin consumir terreno, se pueda generar más vivienda.