La crisis ha empeorado radicalmente la percepción de los menorquines sobre el fenómeno migratorio. Así lo muestra el último sondeo realizado por la Fundación Gadeso, en el que se revela que ocho de cada diez menorquines consideran que los inmigrantes quitan puestos de trabajo a la población autóctona y casi nueve de cada diez entienden que, si estos se quedan sin trabajo durante mucho tiempo, «deberían ser expulsados del país».
El número de respuestas en esa dirección ha crecido en un punto porcentual respecto a las mismas preguntas formuladas en el año 2012. No obstante, la verdadera incidencia de la crisis en el cambio de la percepción ciudadana se observa con mayor claridad al acudir a las encuestas realizadas por esta entidad en el año 2007. Entonces, el 69,3 por ciento de los menorquines encuestados consideraban que «los inmigrantes permiten cubrir puestos de trabajo para los que no hay suficiente mano de obra» y tan solo un 29,8 por ciento sostenía que un inmigrante con un periodo muy largo sin empleo debería ser expulsado del país.
Volviendo a la encuesta realizada durante el presente mes de noviembre, se observa como un número creciente de residentes considera que si un inmigrante comete un delito grave, debería ser expulsado. Son el 92 por ciento del total, cuando hace siete años eran el 73,2 por ciento. La encuesta refleja asimismo las respuestas a la pregunta sobre los inmigrantes que no se integran (en relación a las costumbres y maneras de vivir). El 70 por ciento de los menorquines consideran que esa es causa suficiente para expulsarlos del territorio nacional.