El PP de Maó considera que el plan económico financiero supone poco más que un trámite jurídico o contable que en ningún caso implica una subida del IBI, como la que ha anunciado el equipo de gobierno de Ara Maó y PSOE. «Es una decisión política», afirmó ayer el concejal Salvador Botella, quien aseguró que el jefe de servicios económicos del Consistorio así lo reconoció en comisión informativa.
«Se podían haber hecho otras cosas», declaró Águeda Reynés, «aumentar la presión fiscal debe ser la última medida». Desde el PP entienden que con la dotación prevista por ley para las competencias en materia social a partir de enero (4,2 millones debería recibir Maó) y a un ajuste en distintas partidas habría sido suficiente. «Ya lo teníamos previsto», comentó la exalcaldesa.
Ambos concejales criticaron que la subida del IBI se lleve a cabo «por prudencia, por si no llega el dinero de las áreas sociales». «Es algo inaceptable». Incluso Botella propuso volver a superar las partidas máximas de gasto establecidas antes que subir el IBI, «los ciudadanos no deben pagar las diferencias entre administraciones», argumentó.
El PP cifra el incremento del IBI en 2,1 millones de euros, puesto que no lo compara con los ingresos de 2015 (740.000 euros más) sino con lo que hubieran pagado los ciudadanos en caso de gobernar ellos, «sin los cuatro puntos que imponía el Estado y con la rebaja catastral». Botella aseguró que para las clases más humildes subirá el 10,7 por ciento y las más altas, el 4,4 por ciento.