El equipo de gobierno abordará el lunes en el Consell ejecutivo el nuevo elemento de debate sobre la reforma de la carretera a causa del viaducto de Rafal Rubí. Los consellers de Cultura y Movilidad coinciden en que ha de tomarse una decisión política y que ésta ha de estar avalada técnicamente por ambos departamentos y tener fundamento económico y jurídico. La consecuencia es un retraso añadido del tramo Maó-Alaior que, en la previsión del Consell deberían haber reiniciado obras a comienzos de 2018.
Miquel Àngel Maria ha encargado ya un informe al servicio de Patrimonio para que valore el escrito de las seis entidades que, por otra parte, considera «razonable, va en la línea de trabajo de la candidatura Menorca Talayótica y coincide con los criterios que manejamos en la revisión del PTI para el patrimonio», explica.
Miquel Preto también avala un informe especializado al que su departamento agregará la opinión de los técnicos de carreteras. De momento incide en un mayor retraso del proyecto Maó-Alaior -cuyo plazo de entrega se ha prorrogado- ya que la redacción final ha de tener en cuenta si se opta o no por el derribo de La Argentina y, ahora, si se incluye el de Rafal Rubí en la demolición. El coste, según el presupuesto realizado el año pasado, ronda los 150.000 euros por viaducto. El conseller de Movilidad no adelanta ninguna intención, «ha de valorarse desde todos los frentes, el límite de la decisión política está en el Derecho», afirma.