El equipo de gobierno del Consell se da más tiempo para pulir y consensuar al máximo su propuesta de revisión del Plan Territorial Insular (PTI), antes de someterla a la aprobación inicial por parte del pleno. En concreto, la previsión que maneja en estos momentos el tripartito es realizar este importante trámite en la primavera o comienzos del verano de 2020, lo que supone una demora de medio año respecto al último plazo que dio la presidenta Susana Mora. Cabe recordar que, después de que en mayo se aplazara la aprobación inicial del PTI por coincidir con la celebración de las elecciones, en julio la máxima responsable insular se dio como nuevo margen hasta final de año: El objetivo, dijo, era buscar un mayor consenso, no obstante a la postre no ha sido un margen temporal suficiente.
El conseller de Economía y Territorio, Miquel Company, explica que se ha tomado esta decisión para «ir puliendo técnicamente el documento» teniendo en cuenta las aportaciones que puedan realizar una larga lista de colectivos con los que se irá reuniendo durante las próximas semanas, hasta finales de año, «ahora estamos con la maquinaria a tope con este tema». Quiere dejar claro que en ningún momento este asunto se ha dejado de lado.
La premisa de partida de este trabajo es lograr «el máximo consenso», afirma, para que tras la aprobación inicial del PTI se produzca un «menor impacto» de alegaciones durante el periodo de exposición pública. «Al menos hay que intentarlo». Es decir, que los cambios que se puedan introducir en los próximos meses conlleven menos alegaciones o que estas hagan relación a menos temas.
Company comenta que las líneas generales del PTI están ya trazadas con la propuesta que presentó a comienzos de año el equipo redactor, «pero se puede trabajar más la letra pequeña». Admite el conseller que para la elaboración de esta propuesta ya se llevó a cabo un primer proceso de participación con las entidades de la Isla, «aunque consideramos que se le puede dar una vuelta más». En este nuevo periodo de reuniones se contará, explica, con los partidos de la oposición, porque «el PTI tiene que ser un documento a largo plazo».
El conseller considera que, de las conversaciones mantenidas ya en los últimos meses, se obtiene la conclusión de que prácticamente nadie cuestiona ya la idoneidad de disponer de un PTI ni la diferenciación que el documento de 2003 ha hecho posible para Menorca respecto al desarrollo urbanístico en el resto de Balears. «El objetivo ahora es mantener nuestra idiosincracia al mismo tiempo que se propicie algún tipo de desarrollo económico sostenible». Los usos permitidos en suelo rústico, así como la posibilidad de incluir parámetros que beneficien el propio uso agrícola, estarán sin duda bajo el foco de los distintos colectivos que participen en esta nueva fase del proceso. «Claro que hay líneas rojas, pero también hay margen para el consenso, sabemos que unos y otros tenemos que ceder».