La izquierda celebró este miércoles la aprobación por el Parlament balear de la Ley Menorca Reserva de la Biosfera como un instrumento normativo propio del Consell, para consolidar su modelo social y territorial, y que gira en torno a un concepto clave como es la capacidad de carga de la Isla.
Después de un denso debate para fijar posturas, la mayoría de izquierda rechazó las más de 300 enmiendas de los grupos de la oposición y finalmente la iniciativa salió adelante con los votos de los partidos del Pacte -PSIB, Podemos y Més per Mallorca-, y de Més per Menorca, mientras que PP, Ciudadanos (Cs), Vox y El Pi emitieron un voto contrario.
Con el nuevo marco normativo el Consell tiene las manos libres para promover políticas conservacionistas y, de acuerdo con ese concepto de capacidad de carga -el número máximo bien sea de personas, vehículos y actividades en determinados espacios o en toda la isla-, imponer límites a la llegada de vehículos de motor, al acceso de visitantes en áreas de relevancia ambiental o patrimonial, así como ordenar los fondeos y los puntos de amarre en el litoral y regular la caza, que queda prohibida en algunas partes sensibles del territorio insular.
La ley permite una gestión diferenciada y marcada por la protección del entorno, aunque para ello, según criticaron todos los grupos de la oposición, se tira demasiado de la prohibición. La norma está dotada con 5 millones de euros de financiación, de los cuales el 75 por ciento será aportado por el Govern balear, aunque puede ser vía inversiones y no como transferencia directa, explicó el diputado Josep Castells, «funciona como las leyes de capitalidad de Palma o Eivissa», indicó.
Sin consenso
La ley que nace del hito logrado con la declaración de Menorca como Reserva de la Biosfera en 1993 -el próximo octubre se cumplirán 30 años-, no cuenta esta vez con el consenso social y político, pese a que su aprobación ayer fue también un momento histórico, que no se quiso perder la presidenta del Consell, Susana Mora, presente entre el público en la sesión de la Cámara balear. Mora estuvo acompañada por el conseller de Medio Ambiente, Josep Juaneda, los directores insulares Irene Estaún y Esteve Barceló, y la consellera de Ocupación y Vivienda, Cristina Gómez. También estuvieron presentes el conseller de Ciudadanos, Eugenio Ayuso, y los dirigentes de la entidad ecologista GOB, Carlos Coll y Miquel Camps.
Según la oposición la nueva norma es intrusiva, porque invade competencias de otras administraciones -prevé que el Consell asuma la gestión en bosques, recursos hídricos y depuradoras, vertidos en aguas del litoral menorquín entre otras materias-, y se aprueba con prisas «por la foto electoral», en palabras del diputado popular Juan Manuel Lafuente, quien afirmó que es «una mala ley» porque «solo asegura gastos y obligaciones para los menorquines» sin garantizar los ingresos que quedan «en el aire». En su segundo turno Lafuente fue aún más incisivo y espetó a los grupos de izquierda que «en financiación les han pasado bien el cepillo».
Mientras que Castells habló de una ley «incómoda» por ser «innovadora», Lafuente criticó que con la norma «se crean seis organismos nuevos». En este sentido, la diputada de Vox, Idoia Ribas, dijo que la ley «crea un montón de nuevos chiringuitos» y añadió que «lo que se protege prohibiendo acaba siendo abandonado, como las fincas rurales».
Por su parte, la diputada del PSOE, Pilar Carbonero, señaló que esta ley «consolida un modelo menorquín de sociedad y de ordenación territorial», al tiempo que criticó la postura en contra del PP cuando, en Eivissa, recordó, el mismo partido apoya la limitación de vehículos.
Un largo camino
La Ley de Menorca Reserva de Biosdera ha tenido un alumbramiento difícil y doloroso, sin acuerdo político final. La propuesta de esta ley ya formó parte de los Acords pel Canvi del pacto de izquierdas en el Consell para la legislatura 2015-2019. Aunque el PP se comprometió a impulsar la normativa si ganaba, después ya en la oposición, en noviembre de 2021, abandonó la negociación sobre la futura Ley de Reserva por las profundas discrepancias que mantenía, de fondo y de forma, con el borrador elaborado por el equipo de gobierno de PSOE, Més per Menorca y Unidas Podemos. Uno de esos puntos de fricción, como se demostró ayer en el debate parlamentario, fue la limitación a la entrada y circulación de coches en la Isla.
En junio de 2021 se presentó el borrador de la ley en el Consell insular y casi un año después, en abril de 2022, cuando el pleno estaba a punto de aprobar la proposición de ley antes de su tramitación parlamentaria, el PSOE canceló el pleno y se desató una crisis sin precedentes en el tripartido. Més dio por roto el pacto, cuando se recibió la nota jurídica provisional de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, que consideró un chantaje; es «el informe nonato» que se mencionó ayer varias veces en el debate del Parlament y que analizaba borradores antiguos. Tras ligeros cambios en la ley el pacto se recompuso, el pleno del Consell aprobó el 25 de abril la proposición de ley y el Parlament aprobó su toma en consideración el 7 de junio de 2022. Ayer con su debate y aprobación finalizó un largo recorrido y comienza uno nuevo, el de su aplicación
Qui no vulgui proteguir menorca ja sen pot anar. Jo som d'aqui y no vull un altra ibissa