Han tenido que pasar 30 años desde la declaración de Menorca como Reserva de Biosfera para que la Isla cuente con una ley que regule su gestión. El pleno del Parlament balear ha dado luz verde a la propuesta que surgió del Consell de Menorca, previa negociación de los artículos más controvertidos, con los votos a favor de mayoría de izquierdas -PSOE, Unidas Podemos, Més per Menorca y Més per Mallorca- y el rechazo general de los grupos de la oposición.
El nuevo texto legal faculta al gobierno insular a adoptar medidas contra la masificación turística y la explotación de los recursos naturales en aras de preservar el entorno ambiental y paisajístico. Entre ellas figura la posible limitación a la entrada de vehículos a Menorca o la regulación de fondeos.
La diputada del PSOE Pilar Carbonero ha afirmado que esta ley «consolida un modelo menorquín de sociedad y de ordenación territorial» mientras que desde Més per Menorca Josep Castells ha añadido que se trata de una norma «muy innovadora que otorga a Menorca instrumentos para llevar a cabo políticas en campos especiales como la preservación, el uso racional de los recursos y la gestión del litoral». El diputado de Unidas Podemos Pablo Jiménez ha defendido que se trata de una ley trata de compatibilizar la preservación del territorio con la equidad social y la actividad económica.
Los grupos de la oposición, Partido Popular, Ciudadanos, El PI y Vox, han dado la espalda a la iniciativa tras denunciar que la mayoría progresista ha aplicado el rodillo e ignorado la gran mayoría de sus aportaciones. No en vano la ley ha llegado al pleno de la Cámara balear con más de 300 enmiendas vivas que han sido masivamente rechazadas.
Una amplia delegación menorquina encabezada por la presidenta Susana Mora ha acudido al Parlament para presenciar una votación que sus promotores no han dudado en calificar de «paso histórico». Además de representantes políticos han acudido dirigentes del GOB Menorca.
Lo que cambia con la nueva ley
Entre las principales novedades, el texto faculta al Consell para negociar la asunción de nuevas competencias en materia ambiental y limitar la entrada de vehículos a la isla. Los partidos que la han impulsado -PSOE, Més per Menorca y Unidas Podemos- destacan que la nueva ley hará posible modernizar la gestión del agua en la Isla, el despliegue de las energías renovables o la protección del medio marino, además de medidas encaminadas a potenciar la economía y la industria local
Los populares han puesto énfasis especialmente en que la financiación de la nueva ley «no está garantizada». En la redacción acordada por los partidos de izquierda, la aportación del Govern es de 3.750.000 euros y en esta cantidad pueden incluirse actuaciones que la comunidad autónoma ya acomete con su presupuesto ordinario.
El último intento por frenarla
El PP también intentó sin éxito frenar la aprobación de la ley mediante la petición de un dictamen al Consell Consultiu que hubiera obligado a aplazar su debate y votación. El diputado Juan Manuel Lafuente puso en duda que el texto cuente con las garantías jurídicas necesarias que eviten su impugnación por vulnerar el marco estatutario o invadir atribuciones del Estado.
Los partidos progresistas han acusado al Partido Popular de haberse quedado desfasado en sus discursos y recuerdan que incluso los empresarios turísticos son partidarios de limitaciones.