La operación inversora en el edificio del antiguo restaurante Rocamar, en la zona del Fonduco del puerto de Maó y Es Castell, está paralizada y a la espera de la aprobación definitiva del deslinde de este último municipio, procedimiento que Costas inició hace dos años. La zona está afectada por una servidumbre de protección de cien metros de anchura desde la ribera del mar por el nuevo deslinde del dominio público marítimo terrestre iniciado en 2021 y que ahora está en su última fase de tramitación.
El Ayuntamiento de Es Castell no ha logrado que se atienda su petición de que la servidumbre se reduzca a 20 metros por considerar que esta área es suelo urbano y que su situación como tal es anterior a la aprobación de la Ley de Costas en 1988. La alcaldesa de la localidad, Joana Escandell, declaró ayer que los servicios jurídicos municipales estudian si el Consistorio puede presentar un nuevo escrito a Costas solicitando reducir la servidumbre de protección.
El próximo día 9 finaliza el trámite de audiencia en dicho expediente ante la Dirección General de la Costa y el Mar, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica. El deslinde del dominio público marítimo terrestre y las zonas de servidumbre de protección estaba pendiente desde 2015, explicó Escandell, y en julio de 2021 la Demarcación de Costas de Balears acordó incoar el expediente de la delimitación del dominio público de los 10.132,40 metros de litoral del municipio de Es Castell.
«Cuando llegamos al gobierno municipal en 2019 nos encontramos con una sentencia de 2015 que anulaba todo el deslinde municipal, estaba suspendido», explicó ayer la alcaldesa, Jquien añadió que el suelo del Fonduco aparece en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Es Castell como reserva urbana. «Es una asignatura pendiente revisar el plan general», admitió, «que tiene 30 años».
Mientras tanto, las operaciones inversoras como la del Rocamar, que permitirían recuperar esta zona en la fachada marítima de Es Castell, tocando con Cala Figuera y el término de Maó, están paradas. Para solicitar cualquier licencia hace falta un estudio de detalle y ese estudio, que los inversores interesados ya realizaron, está pendiente de aprobación como consecuencia de un informe desfavorable de la Dirección General de la Costa y el Mar. Según las alegaciones presentadas por la sociedad propietaria del inmueble, Rocamar S.L., no se ha tenido en cuenta que el suelo ya era urbano antes de que se aprobara la Ley de Costas.
También el Ayuntamiento de Es Castell intentó demostrar la calificación urbana de la zona. En su informe indicó que en 2003 la Dirección General de la Costa y el Mar emitió un informe favorable para tramitar la reforma y ampliación de una vivienda unifamiliar en el muelle del Fonduco. Además adjuntó una relación de autorizaciones administrativas concedidas desde 1948 hasta octubre de 2020, considerándose en todo el carácter urbano del suelo.
En su respuesta a las reclamaciones municipales Costas señala que «como se expone, en el área denominada como El Fonduco existen terrenos calificados como urbanos», pero añade que «la delimitación de la zona urbana solo recoge estrictamente las fincas urbanizadas, no mayor superficie de terreno». En dicha contestación al informe municipal Costas argumenta que al trazar la servidumbre de protección con una anchura de 20 metros ésta engloba terrenos calificados como no urbanos, «ya que la superficie de los terrenos calificados como urbanos en el área es muy estrecha y discontinua. Es por ello que se debe aplicar una anchura de servidumbre de 100 metros».
Este problema urbanístico es un jarro de agua fría para las expectativas de rehabilitar el Rocamar, cerrado desde el año 2000, y de mejorar en general la imagen del Fonduco, con un elevado atractivo paisajístico pero en un estado muy mejorable.