La intervención del Ministerio de Transportes para establecer una tarifa máxima en los vuelos entre Menorca y Barcelona no cuenta con el beneplácito de las compañías aéreas y podría chocar con la negativa de Bruselas. Días después de que la ministra Raquel Sánchez anunciara en Menorca que el acuerdo con las aerolíneas es inminente y se empezaría a aplicar este mismo verano, la patronal ALA (Asociación de Líneas Aéreas) ha mostrado sus dudas de que la iniciativa pueda recibir el visto bueno de la Unión Europea.
Desde Bruselas ya se lanzó en su día un toque de atención a los gobiernos nacionales sobre la intervención de las conexiones subvencionadas mediante las Obligaciones de Servicio Público (OSP). Para sortear estas reticencias, el Ministerio quiere justificar la excepción con el aumento de precio que han experimentado los vuelos con Barcelona en los últimos años. Más allá de la tarifa máxima, las compañías podrían seguir compitiendo en la ruta.
La idea del Gobierno central, que recoje la propuesta que le hizo llegar en su día el Govern, es que la ruta Menorca-Barcelona pueda unirse a la prueba piloto que se plantea, de forma experimental, en la conexión Lanzarote-Madrid para establer un límite a los precios. Se trataría de evitar las tarifas exorbitadas que se cobran en los periodos de mayor demanda, como Navidad. Semana Santa o las vacaciones estivales, lo que diluye la bonificación del 75 por ciento para los residentes.
El mercado «funciona correctamente»
La Asociación de Líneas Aéreas, en declaraciones al diario «La Información», se muestra contraria a la intervención del mercado y asegura que la ruta entre Menorca y Barcelona «funciona correctamente» a partir de una fluctuación de precios que surge de la «interacción enrte la oferta y la demanda». No opinan lo mismo las administraciones, que consideran excesivos los picos que alcanzan las tarifas en determinados momentos del año.
Desde ALA muestran sus dudas de que este proyecto piloto pueda recibir el visto bueno de Bruselas y recuerdan que, según las normas de la Comisión Europea, la implantación de una Obligación de Servicio Público debe cumplir con determinadas condiciones, o de lo contrario puede resultar contraproducente y acabar reduciendo la oferta de vuelos, lo que iría en contra de los intereses de los propios residentes y del sector turístico, que necesita una buena conectividad con Barcelona.
El Ministerio, por su parte, admite que se trata de una proyecto sensible porque representa una excepción a las reglas del mercado de la Unión Europea en materia de transporte aéreo, de manera que su propuesta incluirá un análisis del comportamiento de la ofertas de vuelos para evaluar sus resultados y evitar que se produzcan distorsiones no deseadas.