El equipo de gobierno tripartito del Consell aprobó ayer ‘in extremis', a solo cinco días de las elecciones y tras un largo proceso de más de siete años, la revisión definitiva del Plan Territorial Insular (PTI). Ante una sala de plenos repleta y en un ambiente marcadamente influido por la inminencia de la contienda electoral, el plan de planes de la Isla salió adelante, –entre un largo aplauso y alguna lágrima– con el voto negativo del PP, que ya avanzó su intención de modificarlo en el caso de que gobierne la institución, y la abstención de Ciudadanos.
El nuevo PTI revalida el afán proteccionista del aprobado en 2003, dando una vuelta de tuerca a las limitaciones en suelo rústico ante fenómenos crecientes como la turistificación del campo, por ejemplo limitando finalmente al 40 por ciento el aprovechamiento de las edificaciones para su conversión de residencial a turístico. Como grandes novedades, introduce delimitaciones de zonas aptas tanto para las nuevas licencias de alquiler turístico, que se constriñen a las urbanizaciones turísticas con contadas excepciones, como para las instalaciones de producción de renovables.
También pretende paliar el problema del acceso a la vivienda de los residentes con medidas como la reserva de un 30 por ciento del suelo de los nuevos crecimientos a la vivienda social o la ampliación (entre un 25 y un 33 por ciento) de las densidades permitidas en los mismos con el objetivo de permitir más viviendas de menor tamaño, además de establecer condicionantes importantes para avanzar hacia la autosuficiencia energética.
Ausencias
El nuevo plan nace también con ausencias significativas a la vista de asuntos de gran trascendencia social como son la masificación turística y la escasez de agua. En primer lugar porque no ha llegado a tiempo para poder establecer el techo de plazas turísticas –lo que impide que se levante la moratoria vigente–. En segundo, porque si bien aborda desde el prisma urbanístico algunas restricciones para frenar el consumo de agua (como el de las nuevas piscinas en rústico), no entra más a fondo en la cuestión porque «para hacerlo hay que tener las competencias de Recursos Hídricos», según lamentó el conseller de Economía y Territorio, Josep Pastrana.
Él ha dado el último impulso a un plan con el que «reafirmamos la validez, como la mayoría, del modelo del año 2003» y subrayó avanzándose a las críticas por el momento de la aprobación que «no ha sido redactado en dos meses ni de espaldas a la sociedad». Esgrimió cientos de reuniones y la incorporación de «algunas alegaciones» –la gran mayoría de alegantes no han recibido todavía respuesta justificada– para defender que la aprobación a las puertas de los comicios «es legítima y democrática».
La misma venda se pusieron los portavoces de Més per Menorca, Josep Juaneda, y de Unidas Podemos, Cristina Gómez, quien aseguró que «quien quiera restar legitimidad a la aprobación quiere robar la legitimidad de la mayoría progresista que salió de las urnas». La herida la intentó abrir el conseller del PP Adolfo Vilafranca, quien entendió que la aprobación del PTI sobre la bocina y la negativa a dejarlo sobre la mesa «pone de manifiesto un talante autoritario y poco democrático: quieren imponer un modelo sin consenso», denunció, atribuyendo la prisa para aprobar en este momento el nuevo PTI a un doble interés, «hacer propaganda electoral» y dificultar la modificación del mismo en caso de que se produzca un vuelco en el gobierno insular.
Mientras Ciudadanos moderó sus reproches reconociendo el trabajo hecho pero denunciando que «tras 20 años de aplicación del PTI de 2003 Menorca podría haber sido un referente mundial en sostenibilidad, pero llegamos tarde, tiene un enfoque de pasado, no de futuro»; Vilafranca se extendió en tratar de contradecir los éxitos del modelo del PTI de 2003 en materias como la diversificación económica (hay ahora más dependencia del turismo); la masificación turística, achacándola al PTI y a la ley turística de Biel Barceló; la falta de vivienda, la eterización del problema de los ‘hortals' y la burocracia e inseguridad jurídica.
El popular consideró que la última versión del PTI ha sufrido «cambios sustanciales» que reclamarían de un nuevo proceso de alegaciones y subrayó especialmente la ampliación de las zonas aptas para la construcción de parques solares. Asimismo lamentó que de las 60 alegaciones presentadas por el PP «solo se han aprobado dos y una por errores tipográficos».
El portavoz del Més per Menorca, Josep Juaneda, celebró que la aprobación definitiva de la revisión del PTI «asegura diez años más el modelo» y se remontó a la «liberalización del suelo de Aznar» para explicarlo. «Una pequeña isla que quiso y supo resistir el envite de la especulación que hubiera echado a perder el territorio». Juaneda fue el portavoz que le dio un tinte más electoral a su intervención, subrayando el papel de su formación para cerrarle puertas «al desarrollo y a la especulación».
Destacó como logros propios el mantenimiento del límite del 40 por ciento para la conversión turística de volúmenes en rústico como efecto «disuasivo» ante los «intentos de eliminarlo», la prohibición de asfaltado de los caminos a los ‘llocs' y el límite a los comensales en los restaurantes en rústico: «Menorca no es un parque temático y los ‘llocs' no son una parada de feria», afirmó.
Desde Unidas Podemos, Cristina Gómez manifestó que «en días como estos es cuando se comprueba que la política es una herramienta de transformación social». Destacó especialmente algunos límites como al alquiler turístico en centros urbanos afirmando que «es un drama que encuentren antes alojamiento los turistas que los residentes vivienda». Apostó por el decrecimiento turístico y la vivienda social y afeó al PP que votara a favor del Plan de Agenda Urbana y no del PTI, planes que pone en sintonía: «Si salimos del discurso y no hablamos de modelo, en las actuaciones concretas estamos básicamente de acuerdo».