Caritas Diocesana dispone de tres pisos, uno en Ciutadella y dos en Maó, como recurso residencial para población en riesgo de exclusión, pero no son de emergencia y el desahucio no es un criterio para entrar en ellos. En total suman veintiuna plazas (23 con el espacio ocupado al máximo) y en la actualidad solo tienen una libre. La demanda es elevada porque el problema del acceso a la vivienda no deja de crecer, explica Mar Pons, responsable de inclusión de Caritas, hay pocos pisos y los que salen al mercado del alquiler son muy caros.
Las plazas de Caritas pueden ser ocupadas por personas solas o por familias, aunque ahora mismo el perfil que más se repite y que es el prioritario son las familias monomarentales, es decir, madres con hijos menores a cargo.
Estos pisos son para compartir y de estancia temporal, pero las plazas se otorgan a personas que atiende la entidad y que tienen un itinerario social iniciado, aclara Pons, «no son una solución urgente». Para poder entrar es necesaria un análisis previo. «Cualquier persona que llega se evalúa, pero siempre son casos con un itinerario comenzado», asegura Pons, muchos cuentan ya con un plan de trabajo para poder ahorrar y salir de la situación en la que se encuentran o si son extranjeros, un proceso de regularización en marcha.
Caritas Diocesana prestó servicio, en el ámbito de vivienda, a 40 personas en su red de pisos durante el año pasado, y concedió ayudas por valor de casi 15.000 euros para suministros y de 54.539 euros para el alquiler. Desde la organización de la Iglesia Católica instan a que se cree una red de vivienda social de emergencia, ya que hasta ahora «ha habido intentos pero no se han llegado a materializar», expresó su secretario general, Guillem Ferrer, en la presentación del informe de 2022.