La lista de espera para conseguir un amarre de gestión pública en el puerto de Maó sigue creciendo, una tendencia que se explica por dos factores. Por un lado, por el alto ritmo de entrada de solicitudes y, por otro, por la lentitud con la que la Autoridad Portuaria de Balears (APB) va atendiendo las peticiones.
En lo que va de año han solicitado un puesto de atraque en las oficinas del ente portuario 72 nuevos propietarios de pequeñas embarcaciones –estas plazas están reservadas a barcos de menos de ocho metros de eslora– y la lista de espera ya se eleva hasta las 250 personas, una de la cifras más altas desde que el listado se hace público, desde el año 2016.
Pendientes desde 2019
De la cifra de amarristas en espera que se registraba en el año 2022, que ascendía a 210, se deduce que desde entonces la APB ha atendido la solicitud de 32 propietarios, aunque también puede ser que se hayan producido desistimientos en un listado de solicitudes en el que llama la atención que todavía figuren seis propietarios que están esperando un amarre desde el verano del año 2019.
Hay que tener en cuenta, no obstante, que el de la antigüedad de la solicitud no es el único criterio al que el ente portuario atiende para conceder los puestos de amarre que van quedando vacantes.
Un dato comparativo muestra a las claras el aumento de demanda por un amarre público en el puerto de Maó. En todo el año 2022 la APB recibió 84 solicitudes. Como se ha mencionado, en los siete primeros meses de 2023 el número de solicitudes ya alcanza las 72. Se estima que en el conjunto del puerto de Maó existen unos 650 amarres públicos para pequeñas esloras.