El Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico ha impuesto una sanción de 614.000 euros a la empresa Caminos de Baleares SL, con sede en Madrid, por haberse saltado hasta en dos ocasiones la orden de paralización de las obras que ejecutaba sin disponer de licencia en la finca de Binifaell Nou, ubicada en el término municipal de Maó.
La infracción fue descubierta después de que el grupo ecologista GOB informase al Consorcio de que las obras estaban afectando a una era y de que se estaba levantando una edificación separada de las casas del ‘lloc'. Tras una inspección, el ente constató que las actuaciones no contaban con licencia, por lo que ordenó la inmediata paralización de las obras y la tramitación del permiso ante el Ayuntamiento.
Sin embargo, la propiedad de la finca hizo oídos sordos y continuó con los trabajos, lo que motivó una segunda inspección del Consorcio, que procedió entonces a precintar el acceso a las obras.
Según relataba este martes el grupo ecologista, a pesar de la reiteración de la orden de paralización, la promotora decidió romper el precinto y continuar con los trabajos. Una tercera inspección constató los hechos y logro la paralización definitiva de los trabajos.
Las obras son legalizables
Se da la circunstancia de que las actuaciones llevadas a cabo en la finca se ajustaban a la legalidad y finalmente han conseguido obtener la licencia municipal. Sin embargo, el hecho de haber incumplido con la paralización ordenada hace que no se pueda aplicar la reducción del importe de sanción, como ocurre con las obras que se llevan a cabo sin licencia pero que son legalizables.
La empresa expedientada se dedica a la actividad inmobiliaria, a la prestación de servicios de arquitectura, urbanismo y ordenación del territorio, lo que en estos casos constituye un agravante por el mayor grado de conocimiento de la normativa vigente que se le presupone a los infractores.
Al juzgado por desobediencia
Más allá de la infracción por iniciar actuaciones en la finca sin contar con la preceptiva licencia municipal de obras, los promotores se enfrentan ahora a otro problema judicial después de que el Consorcio haya decidido denunciar a la empresa ante el Juzgado de Instrucción de Maó por un presunto delito de desobediencia.
Desde el GOB subrayaban ayer que «no hacer caso de las órdenes paralización de obras sin licencia puede salir muy caro» y confiaban en que la puesta en conocimiento público de casos como este «sirvan para aumentar el respeto hacia la ordenación territorial de la Isla por parte de la gente que la vulnera».
I el GOB encara no ha dit res des frau i es forn altament contaminant de Milà?