Un desembolso de 14.472 euros, un plazo máximo de tres meses y una dedicación aproximada de 520 horas. Es lo que fija el contrato del servicio de auditoría que el Consell ha encargado a un licitador externo con el objetivo de recopilar los datos relativos a los eventos que, a lo largo de estos últimos ocho años, se han desarrollado en el Llatzeret.
La institución insular ejecuta finalmente esta acción después de anunciarla hace tres meses con motivo del escándalo por la fiesta privada que organizó la exdirectora insular ‘popular' de Proyectos Sostenibles y Cooperación, Marta Febrer, en el islote protegido del puerto. Cesada el mismo día que trascendió públicamente el uso irregular que había hecho de las instalaciones del Llatzeret, Febrer había asegurado que se trataba de una «prueba piloto» para organizar visitas escolares, cuando realmente difundió una invitación a través de WhatsApp en la que dejaba claro que se trataba de una fiesta de cumpleaños de su hija.
Primera crisis
El caso, que estalló dos meses después de la constitución del nuevo gobierno del Consell, se convirtió en la primera crisis que ha tenido que afrontar el presidente de la institución insular, Adolfo Vilafranca. «Estos comportamientos son intolerables», afirmó cuando cesó a Marta Febrer. Los hechos motivaron los reproches de la oposición y llevaron al equipo del PP en el Consell a anunciar la ejecución de una auditoría sobre el uso que se le ha dado al Llatzeret desde que se hizo efectivo el traspaso de su titularidad desde el Estado en abril de 2015.
La intención es, según consta en las bases, realizar un «examen sistemático y objetivo» de las operaciones que se han llevado a cabo en el islote para verificar que se han desarrollado conforme a las normas reguladoras de los usos permitidos en este espacio de titularidad pública. Para que resulte «más objetivo y transparente», hacen el encargo a un licitador externo, que deberá examinar toda la documentación existente en versión digital y en papel entre 2015 y 2023.
Informes detallados
El trabajo, que empezará una vez se haya adjudicado el contrato al licitador, tras concluir el plazo para presentar ofertas al finalizar el mes, se desarrollará en las propias instalaciones del Consell y contempla la revisión de todos los eventos celebrados en el Llatzeret, así como la ejecución de diferentes informes detallados en los que se incorporarán los documentos que acreditarán que se han cumplido o no las normas. También se adjuntarán las anomalías detectadas tras la comprobación de todos los registros, incluidos los que constan en el libro del barquero.
El equipo de gobierno del Consell, en plena ‘guerra' de ataques con la oposición por la polémica del Llatzeret, aseguró que tenía constancia de siete actividades sin licencia organizadas por sus predecesores en el islote protegido y desveló la compra de dos paelleros para hacer una fiesta de despedida al que fuera director insular responsable del Llatzeret, Isaac Olives, de Més per Menorca.
El apunte
2024, el año de las auditorías de los entes externos del Consell
El encargo de la auditoría de los eventos organizados en el Llatzeret a lo largo de estos últimos ocho años coincide con el Plan Anual de Control Financiero y Auditoría que prepara la institución insular y que pretende implementar a partir de este mismo año de manera anual para aumentar el control de entes externos sin personalidad jurídica.
Estos son el Consell Econòmic i Social, el Institut Menorquí d’Estudis, el Consorcio Sociosanitario, el Institut de la Joventut de Menorca, el Consorcio de Residuos Urbanos y Energía de Menorca, el Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico de la Isla de Menorca y el Consorcio del Pabellón Deportivo Multifuncional.
El objetivo es que, con estas auditorías, que llevará a cabo una empresa independiente elegida mediante concurso público, se pueda verificar si las operaciones que se desarrollan en estos organismos dependientes del Consell se realizan de acuerdo con las normas legales vigentes y si se adecúan a los principios de buena gestión.
Desde la institución insular, concretamente desde la dirección insular de Servicios Generales, sostienen que el Plan Anual de Control Financiero y Auditoría que impulsarán responde a un requisito legal en vigor desde 2018, «que el anterior equipo de gobierno ha incumplido de manera sistemática». Se trata del Real Decreto 424/2017, que establece la obligación del órgano interventor de las entidades del sector público local de elaborar un plan anual de control financiero.
El presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, anunció la elaboración de este plan durante la rueda de prensa de presentación de las medidas que el equipo de gobierno de la institución insular ha impulsado durante los primeros 100 días. La intención es que sirva para complementar la función interventora habitual.