Alquilar una vivienda en las Islas cuesta un 20 por ciento más que hace un año, según la estimación de algunos portales inmobiliarios. Este encarecimiento se ha acelerado desde la aprobación, en mayo de 2023, de la primera Ley de Vivienda en España. Sin embargo, la misma norma prevé un mecanismo para topar los precios que no se está aplicando y que está en manos de las comunidades autónomas: la declaración de zona tensionada.
El pleno del Ayuntamiento de Maó ha aprobado este martes, con los votos de PSOE y Ara Maó y el rechazo del PP y el concejal no adscrito Xisco Cardona, instar al Govern balear a dar este paso en toda Menorca. Una posibilidad que hasta ahora ha descartado el Ejecutivo de Marga Prohens, al entender que reduciría aún más la escasa oferta disponible.
Cómo afecta a los propietarios
En la práctica, declarar Menorca como zona tensionada supondría que los grandes tenedores de vivienda -los que tienen más de diez fincas- deberían ajustarse al precio de referencia que fija el Ministerio de Vivienda y que, según los casos, representa rebajas de hasta el 60 por ciento en los precios que se cobran el a actualidad. En cuanto a los pequeños propietarios, ya no podrían aprovechar el cambio de inquilino para subir los precios: deberían mantener el precio del contrato anterior y como máximo aplicar el incremento anual autorizado por el Gobierno.
La propuesta aprobada por el pleno municipal lleva el sello de Ara Maó. Su portavoz, Jordi Tutzó, señaló que Menorca está entre las zonas más caras de España para acceder a una vivienda y reclamó que Balears siga los pasos de Catalunya, la primera comunidad que ha apostado por intervenir los precios. Un problema que, según su diagnóstico, se agrava por el mercado pujante del alquiler turístico y que acecha de forma especial a los más jóvenes.
Una 'injusticia' para los grandes tenedores
El concejal del PP, Francisco Plaza, alertó de los efectos perniciosos de limitar los precios: reducción de la oferta de pisos para contratos de larga duración y la proliferación de fórmulas que escapan del control de la Ley de Vivienda, como el alquiler de habitaciones o de temporada, donde la desprotección del inquilino es todavía mayor.
«Lo que hay que hacer es aumentar la oferta a precio asequible e implicar a los promotores privados, no topar los precios», valoró el edil popular, «no se puede permitir por ejemplo que un arrendador tenga que soportar durante años la carga de un inquilino que no paga».
Tanto el PP como el concejal no adscrito, Xisco Cardona, coincidieron en señalar como una «injusticia» que se considere gren tenedor –y por tanto sujeto a la limitación del precio del alquiler- a quien tenga más de diez viviendas: «Tienen los mismos derechos que el resto de propietarios». Cardona abogó por una liberalización del suelo para facilitar la construcción de más vivienda, siguiendo eso sí unas normas.
Hacer «negocio» sobre un derecho
La concejal de urbanismo, Dolores Antonio, censuró en nombre del PSOE la «visión apocalíptica» de los concejales de la derecha sobre la declaración de Menorca como zona tensionada para el mercado del alquiler y defendió la bonanza de la ley estatal: «Apostamos por la regulación de precios, no podemos permitir que los que más tienen hagan negocio sobre el derecho a la vivienda».
PeripalCon la maquina de imprimir dinero de la UE a tope como quieres que bajen los precios? El valor del euro es lo que ha bajado. El resto esta igual y por lo tanto para adquirirlo necesitas mas euros.