«No nos vamos a poner a contar ahora cuántas notificaciones de multas han salido del Ayuntamiento para comprobarlas». Es la postura del equipo de gobierno de Es Migjorn que preside Antonia Camps, en torno a las cifras que ha revelado el PSOE después de haber revisado al detalle el libro de registro de salidas del Consistorio.
Son 22.700 multas por exceso de velocidad que corresponderían al periodo comprendido entre septiembre y diciembre, notificadas entre el 22 de enero y el 7 de abril, a los infractores captados por los cuatro radares que se hallan instalados en el municipio. A estas habría que sumar las de agosto y septiembre.
El Ayuntamiento minimizó la cifra
Según informó el propio Ayuntamiento hace dos meses, entre el 8 de agosto y el 18 de febrero el número total de infracciones fue de 4.677, es decir, casi cinco veces menos de las que revela ahora el partido en la oposición, que no desmiente el equipo de gobierno.
La alcaldesa, Antonia Camps, se reunió en febrero con la portavoz del PSOE, Pilar Pons Goñalons, para explicarle el sistema de tramitación y gestión de las multas de los radares. Este tuvo que ser externalizado ante la avalancha de sanciones que colapsaba a los empleados municipales por razones evidentes.
«No se enteran de nada», indicó ayer la primera edil, para recordar que el PSOE estuvo de acuerdo con la instalación de los cinemómetros en el municipio, por lo que no entiende ahora este nuevo movimiento en el que parece indicar lo contrario.
«Lo importante es la seguridad»
El gobierno local sostiene que lo importante ha sido el incremento de la seguridad para vecinos y visitantes a su paso por el pueblo, y que tras la externalización del servicio de tramitación la empresa que trabaja con un contrato menor, Grupo CGi, ha conseguido ponerse al día estos últimos meses lo que explicaría la enorme cantidad de notificaciones recibidas por particulares y empresas de alquiler de coches, entre otros.
La comunicación de las sanciones trae consigo más trabajo para CGi puesto que el PSOE ha contabilizado en el registro de entradas 9.157 expedientes de miles de ciudadanos o empresas para identificar al conductor del vehículo infractor o bien presentar un recurso. Para notificar las multas el Ayuntamiento ha recurrido al servicio de Correos al que ya ha tenido que abonar una primera factura de 52.000 euros por realizar este trabajo, denuncia el PSOE.
Es Migjorn ingresa el 36 % de la cuantía de la sanción, y Alumbrados Viarios, que instaló los radares, un 60. El Ayuntamiento había previsto en una estimación a la baja, ingresar 285.000 euros en 2024, una suma muy inferior a la que ingresará a la vista del número de multas acumuladas.
El apunte
El PSOE: «Se les ha ido de las manos, la gestión está siendo desastrosa»
Pilar Pons Goñalons, portavoz municipal del PSOE, tiene claro que al equipo de gobierno «se les ha ido de las manos, la gestión está siendo desastrosa». Revela que vecinos del pueblo están recibiendo de una vez, diez o 20 multas, «la gente está muy molesta», indica.
Refiere que su partido no era contrario a la instalación de los radares, pero niega que estos hayan tenido un componente pedagógico «cuando están recibiendo la multa varios meses después de la infracción, no puede ser». La recepcón de miles de alegaciones cuestiona que CGi pueda seguir trabajando con un contrato menor.