El Consell de Menorca ha anunciado la puesta en marcha de un plan de acción para luchar contra el alquiler turístico ilegal, al que considera uno de los principales causantes del «problema más grave que padece Menorca en la actualidad», el de la vivienda, que se traduce en un aumento de precios debido a la escasez de la oferta.
El plan para «detectar, controlar y hacer un seguimiento de la actividad clandestina de la oferta de alquiler turístico» fue detallado en el pleno de este lunes por la consellera de Ordenación Turística, Territorial y Vivienda, Núria Torrent, en respuesta a una pregunta formulada en el pleno por el conseller de Més per Menorca, Josep Juaneda.
Con este plan se quiere aprovechar así el aumento de la capacidad inspectora del Consell, tras el incremento de la plantilla de inspectores de este último año, y que de momento no se ha traducido en la apertura de más expedientes, según los datos de esta última temporada.
La consellera expuso algunas de las actuaciones que contempla este plan, entre las que destaca que se investigarán a las casas o pisos (principalmente de los casos urbanos) que se alquilan solo en invierno, para esclarecer si en verano estas pasan al mercado turístico. De hecho, la consellera aseguró que ya «estamos haciendo un listado de anuncios que encontramos en internet que ofrecen alquiler de temporada, de octubre a abril, y durante la temporada de invierno inspeccionaremos los inmuebles de este listado para comprobar si se hace un alquiler turístico ilegal».
Además se pretende buscar una mayor implicación ciudadana, para lo cual se podrá a disposición de los vecinos un formulario para quienes quieran denunciar posibles alquileres turísticos ilegales. También se quiere contar con el apoyo de las diversas policías locales de Menorca. En este sentido, Torrent anunció que se firmarán convenios con los ayuntamientos para que los agentes, cuando actúen por denuncias de molestias por ruidos y consideren que pueda tratarse de un alojamiento turístico ilegal, informen al Consell para que pueda actuar.
El Consell también hará llegar una circular a los gestores de las comunidades de propietarios (como ya hizo en su día con los agentes inmobiliarios), para que a su vez informen a los vecinos de cómo está la normativa actual sobre los alquileres. Asimismo, Torrent también ha recordado que el Consell impulsará un programa de alquiler estable, dotado con 100.000 euros, para incentivar a los propietarios que pongan sus casas en alquiler de larga duración.
La contradicción
Por su parte, desde Més per Menorca, no pusieron pegas a este plan, pero sí que exigieron «una mejor coordinación y una organización más eficiente del departamento de Ordenación Turística», a la vez que Juaneda criticó la «contradicción» del gobierno del PP, que por un lado dice que quiere luchar para combatir el alquiler turístico ilegal, porque considera que reduce la oferta de vivienda para los menoquines, pero por el otro, «quiere levantar la moratoria de plazas turísticas y posibilitar que haya más vivienda vacacional en rústico», a lo que según Més (y con los mismos argumentos del PP) también afectará al mercado residencial.
El mismo argumento utilizó el PSOE en una otra pregunta formulada a Torrent sobre esta cuestión: «Si se amplía el alquiler turístico legal [como ha anunciado que hará el PP] se reduce el mercado de la vivienda habitual y se traduce en un aumento de precios para las familias menorquines al haber menos viviendas disponibles», afirmó el conseller socialista, Eduardo Robsy.
Pocos expedientes
Robsy puso también sobre la mesa que entre julio y septiembre solo se abrieron siete expedientes por alquiler turístico ilegal, lo que supone un 0,1 por ciento de las 7.000 viviendas que se calcula que hay en Menorca que se dedican irregularmente al alquiler turístico. La consellera Torrent justificó que estos datos «se han mantenido por el ritmo y la inercia del anterior equipo de gobierno, y también porque varias inspectoras tuvieron que formar parte del proceso de estabilización de funcionarios interinos y no se pudieron dedicar al 100 por cieno a sus funciones inspectoras».
Con todo, tanto Més como PSOE piden mejorar el servicio de inspección, pero temen, a tenor del de la previsión de sanciones en el presupuesto del Consell para 2024, que la situación no cambie en exceso. «Incluyen una recaudación por multas con un incremento del 7 por ciento, cuando los inspectores han aumento un 75 por cierto, no es proporcional», se lamenta Robsy.
Saben perfectamente que ese no es el problema. El problema son los dueños de las viviendas que las alquilan como vacacionales y no las declaran.