El Consell insular recela de la propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para decretar una Obligación de Servicio Público (OSP) en la ruta aérea entre Menorca y Barcelona. La prueba piloto que se quiere poner en marcha este mismo año establece una tarifa máxima de 170 euros, 42,5 euros con el descuento de residente, lo que –como ya avanzó este diario– solo afectaría al cinco por ciento de los billetes que se venden a lo largo del año en la conexión insular con más pasajeros.
Así figura en el informe de la Dirección General de Aviación Civil al que ha tenido acceso este diario y que se pondrá este martes por la mañana sobre la mesa en la reunión que mantendrán en la Plaça Biosfera el presidente del Consell, Adolfo Vilafranca, y el secretario general de Transportes Aéreo y Marítimo del Gobierno, Benito Nuñez, a la que también asistirá la directora general de Movilidad del Govern, Lorena del Valle. Por el momento parece que la postura del Consell no es favorable a la propuesta.
Desde la institución insular alegan, por ejemplo, que la ruta entre Menorca y Barcelona no cumple con todas las condiciones que el propio Ministerio ha fijado para establecer esta prueba piloto de 18 meses. El documento de trabajo del Ministerio marca tres criterios, que el volumen de tráfico sea suficientemente relevante para que los resultados sean representativos, aunque sin llegar a comprometer el funcionamiento de un enlace principal o troncal con la Península; que haya más de una compañía operando durante el año y que la tarifa media se sitúe en un margen intermedio, entre las más altas y las más bajas de su mercado.
Aunque en una primera versión del documento (en mayo de 2023) se situaba la tarifa máxima sin descuento en 160 euros, finalmente en una revisión más reciente se termina situando en esos 170 euros. Cabe recordar que el objetivo de esta Obligación de Servicio Público no es establecer condiciones de operativa (frecuencias, horarios o plazas), sino solamente proteger la ruta de los exorbitados incrementos de precio que las compañías aplican en momentos de gran demanda como los días de inicio o final de periodos vacacionales.
Es el argumento que utilizó este lunes el PSOE, en la víspera de la reunión con el Ministerio, para reclamar a Vilafranca que acepte la propuesta del Gobierno, que tiene por objeto analizar el comportamiento del mercado durante un periodo de año y medio, en especial la evolución de precios, oferta y conectividad, para posteriormente decidir sobre su extensión a más rutas. Al margen de la ruta entre Menorca y Barcelona, también se propone como pruebas piloto la Lanzarote-Madrid.