El GOB Menorca considera «una vergüenza pública» los planes del Govern para legalizar los ‘hortals' en suelo rústico cuya infracción ha prescrito a cambio de que sus propietarios paguen una sanción. Afirman que, más allá de las casetas de aperos, en la Isla hay «docenas de casas que superan ampliamente los 300 metros cuadrados». Ello les lleva a hablar de «una operación de especulación urbanística como se recuerdan pocas en democracia».
«Ayudar a los infractores urbanísticos era una práctica habitual en los años setenta y ochenta, cuando los que ostentaban el poder y los que tenían la propiedad se repartían después del beneficio», sostiene el GOB en un comunicado público donde censura que algo así lo plantee ahora «un Govern del siglo XXI». Por este motivo, avanza, la entidad está estudiando la adopción de medidas que por ahora no concreta.
Los ecologistas sostienen que la legalización masiva de estas casas supone una «revalorización espectacular» de su precio de mercado. Tildan de «insulto», además, que los planes del Govern de Marga Prohens incluyan la regularización de construcciones anexas a las viviendas, como piscinas, o que pasado un periodo de cinco años se levante el veto a su comercialización turística.
Entre los problemas ambientales que arrastran los núcleos de ‘hortals' el GOB cita las filtraciones de aguas residuales a través de las fosas sépticas «que contaminan los acuíferos» y los consumos de agua fuera de control. «Ahora se quieren legalizar las casas de los que no han querido organizarse para solucionar en primer lugar estos impactos sobre los bienes comunes», concluyen.
¿Pero cómo se pretende derribar unas 5.000 viviendas construidas en tiempo de prescripción, con la connivencia de ayuntamientos, notarios, registros, bancos y que pagan impuestos desde su creación?. Claro que les defienden sus millares de votos propios o de familiares y amigos.