El Govern cree que «es de justicia» que «las 5.000 familias de Menorca» que viven en ‘hortals' fuera de ordenación puedan legalizarlos, a través del Decreto Ley de Simplificación y Racionalización Administrativa que impulsa el Ejecutivo balear, y que permitirá la posibilidad de legalizar construcciones irregulares en suelo rústico.
La consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, la menorquina Marta Vidal, ha defendido este martes en el Parlament la medida, en respuesta a una pregunta del diputado menorquín Damià Borràs: «La integración a la legalidad de las construcciones de fuera de ordenación responde a un sentido de justicia, porque la administración ha cerrado los ojos durante muchos años», ha asegurado Vidal, asumiendo así en parte el discurso de los propietarios afectados, como la Associació d'Hortals de Menorca, que en su día culpó a la administración de no haber resuelto esta problemática.
El argumento de la consellera es que si las construcciones siguen siendo ilegales, «no pueden tomar medidas de restablecimiento en favor del medio ambiente y siguen contaminando y afeando el paisaje». En este sentido, y en otra intervención sobre esta misma cuestión, Vidal afirmó que «o bien hay que optar entre el revanchismo, usted lo hace mal y aunque nos perjudique seguimos igual, o bien regularizar la situación para que estas viviendas puedan emprender medidas para no contaminar».
Con todo, la consellera cree que el Govern «no tiene opción, sino una obligación para actuar de manera responsable cuando la administración ha estado más de 20 años cerrando los ojos. Y eso es exactamente lo que haremos», ha enfatizado Vidal. «Si hay una construcción ilegal, el propietario tiene un problema, pero cuando hay miles, es la administración y el medio ambiente los que tienen el problema», prosiguió.
Del PTI a la Norma Transitoria
La consellera también recordó que el PTI de Menorca de 2003 ya preveía legalizar los núcleos de hortals, y criticó que pese a ese compromiso «no se hizo nada» durante los mandatos que ha gobernado la izquierda en la Isla. Sí que destacó la Norma Territorial Transitoria, aprobada en 2015 por el Consell cuando ella era consellera de Ordenación del Territorio. «Entonces, buscamos una solución valiente para legalizar estos núcleos, cambiando el sistema de compensación por el de cooperación, pero el Pacte del Consell lo acabó derogando», ha reprochado.
Su socio de Vox ha respaldado al Govern y ha defendido también la medida. «Urge una solución a un problema creado por la dejadez de la Administración», ha afirmado la diputada Idoia Ribas, que le ha pedido que no ocurra como en la moratoria de 2014, que debido a las elevadas sanciones «poca gente se acogió».
En este sentido, Marta Vidal ha explicado que las aportaciones de los propietarios que quieren legalizar sus construcciones, «serán más reducidas» que las de entonces, pero también apuntó que «tendrán que asumir otras contraprestaciones económicas por la obligatoriedad de establecer medidas medioambientales y de eficiencia energética». También avanzó que habrá bonificaciones para los propietarios de rentas bajas.
El apunte
«Es la liberal más intervencionista, pero siempre a favor de los mismos intereses»
El diputado socialista Damià Borràs en su intervención cargó contra el PP por criticar en su día al PTI de 2023 de «intervencionista y limitar el crecimiento», y ahora decir que «nace muerto porque no pone límites», y a la vez querer revisarlo para «permitir el alquiler en rústico». También criticó a la consellera Vidal por querer legalizar las construcciones ilegales en suelo rústico, «eso sí pero el agua de la piscina del chaletazo que tenga un filtro ecológico». Siguió con las contradicciones del PP en cuanto a la masificación turística, ya «que se niegan a limitar la entrada de coches en Menorca y quieren que las playas que ya están saturadas a finales de mayo se puedan aparcar sin límites», dijo Borràs en referencia a la medida del Govern que permite a los ayuntamientos crear aparcamientos temporales. Por último espetó a Vidal «por ser la liberal más intervencionista que he conocido nunca, pero siempre interviene a favor de los mismos intereses. Y es que usted no tiene ni conoce límites», concluyó el socialista.
El diputado de Més per Menorca, Josep Castells ha criticado la regularización para construcciones ilegales en suelo rústico, que ha calificado como «una amnistía que lanza un menaje de impunidad a los infractores» y dará lugar «a nuevas infracciones». «Aquí no hay ninguna amnistía», ha respondido Prohens, porque la regularización aprobada por el Govern supone regularizar edificaciones fuera de ordenación «pagando las tasas que tendrían que haber pagado, una sanción a los ayuntamientos y presentando un proyecto técnico con mejoras de sostenibilidad ambiental, medidas de eficiencia energética y del ciclo del agua».
«Esta medida no contribuirá a aumentar ni un palmo la presión sobre el territorio ni la masificación porque, por mucho que lo digan, estas edificaciones están ahí y hagamos lo que hagamos seguirán estando», ha afirmado Prohens. Castells ha disentido de la presidenta y ha insistido en que «una amnistía urbanística «evidentemente añade masificación porque lanza un mensaje de impunidad y de que aquí no pasa nada» y de que se cometa la infracción porque «antes o después se legalizará».