Las obras ilegales realizadas antes de 2016 en edificaciones en suelo rústico podrán acogerse al proceso de legalización que ha puesto en marcha el Govern. En todos estos casos, la ilegalidad ya ha prescrito y la Administración ya no puede actuar para obligar a restituir la situación previa las obras. Se desconoce cuántas edificaciones pueden estar en esta situación, pero en el proceso previo que inició el conseller Gabriel Company se calculó que en Balears podían ser una 30.000, a las que se podrán sumar todas las obras ilegales ya prescritas que se han hecho desde entonces.
En el caso de Menorca tampoco hay un dato concreto, aunque el pasado martes la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad del Govern, Marta Vidal aseguró que en la Isla puede haber «unas 5.000 familias» que viven en casas fuera de ordenación en suelo rústico. La menorquina en su comparecencia recordó que el PTI de 2003 ya preveía un proceso de regularización en los núcleos de hortals, aunque durante estos años pocas zonas son las que se han acogido a la legalización. También hay que apuntar que el Consell de Menorca ha manifestado su intención de modificar el PTI, cuya revisión se aprobó el año pasado, con el objetivo de eliminar el límite de los 90 metros cuadrados por construcción ilegal edificada.
El proceso de legalización que puso en marcha Company permitió arreglar en Balears la situación 1.479 edificaciones que supusieron una inversión de 184 millones de euros, según los datos del Colegio Oficial de Arquitectos de Balears (COAIB). Sin embargo, se espera que el proceso actual haga aflorar muchas más obras ilegales por varias razones. Una de ellas es que, cuando Company hizo el proceso de legalización, Baleares estaba inmersa en una profunda crisis económica y los ciudadanos tenían menos disponibilidad para afrontar las obras.
La otra es que la sanciones que puso en su día Company son mucho más elevadas que las que pone ahora Marga Prohens. En aquel proceso, el infractor debía pagar entre un 15 y un 25 % del valor de la obra en función de cuándo iniciara el proceso. En el caso actual, las sanciones son de entre un 10 y un 15 % dependiendo si la legalización se hace el primer o el tercer año. En una obra de gran tamaño, el ahorro es notable.
En función de la renta
Pero hay otra cuestión que facilitará que los infractores legalicen las obras ilegales: el decreto ley que ya está en vigor determina que las sanciones se reducirán un 50 % para los contribuyentes que hayan declarado ingresos inferiores a 33.000 euros. En ese caso, la multa irá del 5 al 7,5 % del valor de las obras. Los contribuyentes que declaren unos ingresos inferiores a 52.800 euros al año, se ahorrarán un 25 % de la multa y pagaran entre el 7,5 y el 11,25 % del valor de las obras realizadas.
Quienes quieran legalizar las obras deberán solicitarlo en el ayuntamiento respectivo. En cualquier caso, una de las novedades de este decreto es que el proceso no se iniciará si no lo aprueban los consells. Establece que debe ser un acuerdo de pleno quien decida implantar este procedimiento.