El GOB ha criticado la rápida actuación del Ayuntamiento de Alaior para reabrir el solar habilitado como parking junto a la playa y el torrente de Cala en Porter, solo 30 horas después de que su propietario lo hubiera cerrado, incorporando 40 toneladas de piedras para impedir el acceso de vehículos.
En un comunicado, el grupo ecologista cuestiona el desarrollo de este caso y pide a todas las instituciones implicadas que justifiquen la intervención en una zona de dominio marítimo-terrestre, especialmente protegida por varios conceptos.
Recuerda que esta protección prohíbe el estacionamiento por diferentes normas pese a que ha venido funcionando por omisión administrativa, pero alcanza un carácter diferente cuando es una administración, en este caso, el Ayuntamiento de Alaior, el que actúa con inusual celeridad para restablecerlo.
Piscinas ilegales
Compara esta actuación del equipo de gobierno que lidera José Luis Benejam «en una zona que no es de su competencia», con la denuncia sobre las siete piscinas ilegales en los agroturismos de Torre Vella y Santa Ponça. Han transcurrido 5 años «y el Ayuntamiento aún debe decir si son legalizables o no», indica.
En relación con el aparcamiento de Cala en Porter, el GOB estima que la actuación municipal para que vuelvan a aparcar los coches «contradice frontalmente numerosa legislación». Por este motivo pregunta a Costas por la autorización concedida al Ayuntamiento para reabrir el aparcamiento en contra de la Ley y el Reglamento de Costas por la que en caso de necesidad de aparcamiento siempre se ha de poner fuera de la servidumbre de paso, es decir, de dominio público.
Pregunta a la Xarxa Natura 2000 si ha elaborado algún informe que contradiga lo que viene regulado para estos espacios tutelados por Europa.
También se ha dirigido a la Dirección General de Evaluación Ambiental del Govern para saber si se ha informado sobre el impacto de este aparcamiento en suelo rústico de especial protección. Al Consell le solicita si ha declarado este parking de interés general y emitido algún informe sobre la retirada de rocas para permitir el aparcamiento. La institución insular informó a este diario que está pendiente del informe que ha de redactar la inspectora de obras del Consorcio en Rústico para determinar si se cometió una infracción urbanística.
A todos estos organismos les pide un acta de ajuste de derecho para que se aplique la legislación vigente y que indiquen si se han pronunciado favorablemente a la actuación del Ayuntamiento para el estacionamiento de vehículos en una zona no permitida por numerosas normas.
luis63Eres el nuevo Mesías, y nosotros sin saberlo!!