La falta de comunicación entre administraciones y la diferente interpretación de la Ley de Costas han hecho que se pierda una semana en la restitución de la playa de Cala en Porter. La Conselleria del Mar y Ciclo del Agua solicitó permiso el pasado día 23 a la Demarcación de Costas para actuar en la cala, y de ahí su petición se trasladó a Madrid, sin que obtuviera respuesta porque, según aclaró este jueves la Delegación del Gobierno en Balears en una nota de prensa, dicha obra no era responsabilidad estatal ni se puede culpar a la Administración central del retraso. El Govern por su parte sostiene que sus dudas sobre si podía actuar o no sin permisos no se disiparon hasta este jueves.
El ejecutivo balear quería una comunicación escrita y con validez jurídica, que explicitara que para esta obra no se requiere el informe vinculante del Ministerio para la Transición Ecológica ni su autorización, algo que no se obtuvo hasta este jueves por la mañana, aseguró el conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, después de que él mismo intercambiara una serie de correos con el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
La recuperación de playas es una obra de interés general y según la Ley de Costas compete al Gobierno central; por otro lado, la transferencia parcial a Balears de competencias en materia de ordenación y gestión del litoral especifica que la autonomía asumirá aquellas obras que no sean de interés general.
El artículo 111 de la Ley de Costas, en el origen del conflicto
El apartado 1b del artículo 111 de la Ley de Costas indica qué tipo de obras tendrán la calificación de interés general y por tanto, serán competencia de la Administración del Estado. Entre ellas figura «la creación, regeneración y recuperación de playas». En el traspaso competencial se especifica que el Govern asumirá todas las obras que no sean de interés general.
Un embrollo administrativo que poco o nada entienden los residentes, usuarios y empresarios de Cala en Porter, que llevan más de quince días a la espera de soluciones.
El conseller Lafuente declaró este jueves que la memoria de las actuaciones necesarias para devolver la playa a su estado previo a la riada está hecha, y que se firmará un contrato de emergencia para acometer el proyecto «cuanto antes», pero sin dar una fecha. Por su parte, el Ayuntamiento de Alaior anunció este jueves que este viernes accederán al entorno de la playa las máquinas necesarias para empezar el trabajo de recuperación de este espacio natural.
En paralelo continúa por parte del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la identificación de los daños que causó la DANA que pueden abordarse con actuaciones de competencia estatal y ya se tramita un expediente de emergencia para que las zonas afectadas puedan acceder a ayudas económicas del Estado para su reparación.
Ni prohibir ni autorizar
Esa evaluación de los destrozos del temporal no impide, según respondió este jueves el Ministerio a preguntas de MENORCA «Es Diari», que tanto la Administración autonómica como la local «lleven a cabo aquellas actuaciones que les correspondan, y que se consideren necesarias para restablecer la normalidad tras el temporal, en un normal ejercicio de cooperación institucional», señalan las fuentes oficiales, al tiempo que ofrecen el apoyo del Gobierno para su coordinación.
También la Delegación del Gobierno en Balears, en respuesta a las quejas airadas del alcalde de Alaior, José Luis Benejam, quien culpó al Gobierno de bloquear la recuperación de Cala en Porter, aclaró que es la Comunidad Autónoma «la instancia competente para resolver la situación denunciada por el alcalde y que, por tanto, estaba facultada para actuar desde un primer momento para restituir el torrente y la playa dañados por el temporal el pasado día 15», sin que por parte del Gobierno de España «pueda prohibirse o deba autorizarse dicha intervención», concluye la nota.
Pedían 'garantías jurídicas'
Desde el 2 de julio de 2023, fecha a partir de la cual tuvo efectividad el decreto de traspaso de funciones y servicios estatales a Balears, en materia de ordenación y gestión del litoral, «ya no corresponde a la Administración del Estado sino a la autonómica», señala el Ministerio, «el otorgamiento del correspondiente título habilitante para intervenir sobre el dominio público cuando se trate, como es el caso, de una autorización, no requiriendo el informe previo del Estado».
El conseller del Mar, Juan Manuel Lafuente, huyó este jueves de polémicas y aseguró que «los técnicos de la Conselleria pidieron garantías jurídicas» y por eso solicitaron la respuesta por escrito del Ministerio para saber que la actuación era correcta, «lo normal era enviarlo a la Demarcación de Costas, porque la ley está clara».
Al mismo tiempo afirmó entender «el nerviosismo» de los residentes y empresarios de la zona y remarcó que «teniendo toda la documentación se hará la obra cuanto antes». Lafuente aseguró que «desde el día 16 se ha llevado a cabo un trabajo leal, coordinado entre administraciones y se han evaluado todos los torrentes» e insistió en que «nunca hubo voluntad de engañar a nadie».