La concesionaria del Lago de Cala en Bosc, Nexport, ha registrado un nuevo escrito de 38 páginas en el que advierte a Ports que, si en un mes no reconoce sus «derechos inherentes» a seguir gestionando el puerto deportivo, entregará «documentos y audios» a la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil para denunciar el «claro delito penal de prevaricación administrativa» del que dice ser víctima.
El gerente de Nexport, Gabriel Cerdà, avisa del «perjuicio significativo» que causa a la empresa la decisión del Consejo de Administración de Ports de dar por desistido y archivado el proceso de ampliación de la concesión, cuando se trata de un acuerdo tomado «a sabiendas de su injusticia» y llegando a «improvisar de forma totalmente ilegal» supuestos no contemplados.
Transcurridas ya varias semanas desde su anterior alegato, Nexport lamenta la «desidia e indolencia mostrada por Ports» de no darle respuesta, «fruto de una actitud arbitraria». Es por ello que, para poder «incoar todas las acciones que nos amparan ante la Fiscalía Anticorrupción y los juzgados y tribunales competentes», solicita que se le revele la identidad y el cargo de todos los técnicos y funcionarios que han informado el expediente «para determinar si sus conductas han sido antijurídicas y evacuar las responsabilidades penales y administrativas correspondientes».
Nexport admite que no utilizó en 2005 una «instancia formal» para solicitar la prórroga de la concesión de 30 años que permitía la Ley de Puertos, pero esgrime una sentencia del Tribunal Supremo de 2019 que ha sentado jurisprudencia y «que ampara el principio antiformalista». La empresa podía presentar la petición como quisiera y, si no lo hubiera hecho de forma correcta, Ports debería habérselo requerido en un plazo de diez días.
Pero, más bien al contrario, en 2022 la administración hizo llegar a Nexport una oferta de condiciones para ampliarle la concesión, lo que la empresa considera un reconocimiento de «la validez y legitimación»de la petición formulada 17 años atrás.
Nexport se niega a pagar también los 325.119 euros que Ports le reclama por la ocupación del dominio público, pues en 1995 obtuvo la concesión del puerto deportivo cediendo los terrenos al Govern a cambio de quedar exento de pagar canon alguno. La empresa entiende que es una «duplicidad tributaria confiscatoria».
@Historical Memory - Por cierto, dudo que haya habido muchos comentarios en esta plataforma que hayan sido tan claramente falsos como el tuyo. Ve a la mesa de tu amo. Él te dará una palmadita en la cabeza y te arrojará un hueso.