Cerca de 40 viviendas que están fuera de ordenación y en régimen de concesión temporal disponen de licencia para alojar a visitantes en el corazón de la Reserva de Biosfera, en pleno Parque Natural de S’Albufera des Grau, una zona de máxima protección medioambiental que desde hace más de dos décadas está totalmente vetada al alquiler turístico. La urbanización de Shangril·La, que el incipiente movimiento ecologista logró frenar en los años 70, mantiene actualmente una considerable oferta de alojamiento vacacional, con más de 200 plazas que figuran en el registro oficial del departamento de Ordenación Turística del Consell.
Construidas sin permisos urbanísticos en las postrimerías del franquismo, las viviendas, que lograron la licencia turística aprovechando ventanas normativas que no exigían explícitamente requisitos urbanísticos, se encuentran en una situación legal muy precaria. Con la legislación urbanística en la mano, en ningún caso podrían ubicarse donde están –y mucho menos conseguir licencia turística– pero la administración accedió a dar 50 años a los propietarios antes de proceder a su expropiación y posterior demolición. El plazo se inició en el año 1988 y concluye en 2038, dentro de 14 años.
Esa situación de irregularidad y la fecha de caducidad de las viviendas no ha impedido que los propietarios hayan podido lograr licencia turística y que se hayan registrado operaciones de compraventa. La posibilidad de poder destinar los chalés al negocio del alquiler turístico –las licencias no se pierden en el proceso y son un reclamo comercial– pueden llegar a hacer rentable la inversión teniendo en cuenta que los precios suelen ser anormalmente bajos dadas las circunstancias y que en los últimos años se ha disparado la demanda del alquiler turístico.
Mientras gran parte de la Isla –los pueblos y urbanizaciones no turísticas y el campo– está blindada contra la concesión de nuevas licencias más allá de la actual moratoria, y en pleno debate sobre la incidencia del fenómeno en la crisis de acceso a la vivienda, llama poderosamente la atención que construcciones fuera de toda ordenación puedan continuar explotándose turísticamente en una zona de enorme valor medioambiental.
60 viviendas
Los promotores de la urbanización de Shangril·La pretendían convertir buena parte de los que hoy es el parque natural en un gran resort con miles de parcelas, campo de golf e incluso un puerto deportivo en la albufera. Antes de que el potente rechazo social –origen del movimiento ecologista– lograse frenar el desarrollo, se calcula que ya se habían construido unas 60 viviendas. La mayoría no solo continúan en pie, sino que disponen de número de registro oficial para poder destinarse al alquiler turístico.
Esta realidad ha llegado a los despachos del departamento de Ordenación Territorial y Turística del Consell, que hace unas semanas aseguraba no tener constancia de que hubiera casas no legalizadas que dispusieran de licencia turística. El GOB ha decidido denunciar la situación de estas viviendas –identificándolas a través del propio portal cartográfico del Consell– para reclamar a la máxima institución que las revise de oficio al entender que con la Ley de Procedimiento Administrativo en la mano se pueden considerar nulas de pleno derecho.
Revisión de licencias
A la espera de que el Consell se pronuncie al respecto, y con la duda sobre la fecha en que estas viviendas lograron la licencia turística, los ecologistas aportan un amplio argumentario legal que incluye la Ley Turística, el decreto de ampliación del Parque Natural de s’Albufera des Grau, el Plan de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN) de s’Albufera des Grau y el propio Plan Territorial Insular, textos normativos en los que entienden que el Consell puede basarse para revisar las licencias.
El apunte
Sin posibilidad de legalizarse y a solo 14 años de que expire la concesión
Las viviendas ubicadas en la zona de Shangril·La no se podrán acoger al proceso de legalización exprés en rústico que impulsa el Govern a través del decreto de simplificación administrativa. Estas construcciones están destinadas a la expropiación y posterior demolición en un plazo de tan solo 14 años. No en vano, al encontrarse habitadas, en el año 1988 la administración accedió a otorgarles una autorización administrativa por un periodo de 50 años que concluye en el año 2038. Diferente es el caso de las decenas de viviendas que cuentan con licencia turística a pesar de haberse levantado en hortals ilegales, que sí son legalizables. El Govern además se ha comprometido a que puedan conservar los permisos turísticos.