Los 391 amarres de la ribera norte del puerto de Maó cambian a manos foráneas. El concurso público iniciado hace un año y medio por Autoridad Portuaria de Balears para la gestión de estos puntos de amarre se ha saldado con la adjudicación a la empresa La Azulona 2023, al considerarse su oferta como la más ventajosa, decisión ratificada el miércoles por el Consejo de Administración del ente portuario.
De este modo, estos amarres dejarán de ser gestionados por la empresa menorquina Marina Menorca y pasarán a manos de una sociedad de reciente creación con sede en Madrid. La propuesta presentada por La Azulona 2023 contempla, según informan desde Autoridad Portuaria, «la renovación integral de las instalaciones, con un presupuesto de inversión de más de 8,8 millones de euros».
También apunta a mejoras en sostenibilidad, como «la reducción del consumo de agua y de electricidad, así como la instalación de placas fotovoltaicas para la generación de energía verde» y mejoras en el tratamiento de residuos, «incluyendo sistemas avanzados para la gestión de aguas de sentina y aguas grises».
La Azulona 2003 SL fue constituida hace poco más de un año en Madrid. En ese acto se nombró presidente al financiero y gestor de fondos de inversión Alejandro Entrecanales Marsans. Es el hijo de José María Entrecanales de Azcárate y su segunda esposa, María Marsans, y su hermanastro José Manuel Entrecanales Domecq es el presidente ejecutivo de Acciona. Como vicepresidente de la sociedad fue nombrado Manuel Garrido Valdivieso.
Concesión por 12 años
Desde Autoridad Portuaria señalan que el nuevo gestor ofrece «una reducción significativa de las tarifas para embarcaciones base de hasta 8 metros de eslora», una medida que «beneficiará los usuarios del puerto». La concesión, que se aprueba por un plazo máximo de 12 años, abarca una superficie de más de 57.600 metros cuadrados de espejo de agua.
En cuanto a la tasa a abonar, la empresa madrileña ha ofrecido una mejora de 1,1 millones de euros respecto a las bases del concurso. Así las cosas, la nueva concesionaria pagará al organismo portuario 1,3 millones de euros anuales, más el 4 por ciento del volumen de negocio exigido en los pliegos del concurso.