El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Alaior asegura que la legalización de las siete piscinas del agroturismo de Torre Vella, construidas en su momento sin licencia y presentadas como depósitos de agua para riego, responde únicamente a criterios técnicos y no a un «interés político o subjetivo».
De esta manera, el PP responde al recurso presentado por Avançam Alaior, que pide la revocación de la licencia por considerar que es nula de pleno derecho. Además, desde Avançam expresan su preocupación por la posibilidad de coacciones desde el equipo de gobierno a los trabajadores municipales.
Proceso transparente
Desde el PP destacan que todas las decisiones adoptadas se basan «única y exclusivamente en criterios técnicos y en los informes emitidos por los órganos competentes», subrayando que el proceso ha sido «claro y transparente», y que se fundamenta en informes que acreditan que el proyecto cumple con la normativa urbanística y medioambiental.
También aseguran que estas decisiones están sustentadas en documentos emitidos «por profesionales independientes» y que no responden a «injerencias o presiones políticas». Acusan a la oposición de cuestionar la profesionalidad de los trabajadores municipales e intentan deslegitimar un proceso técnico que cumple con los requisitos legales».
Por otro lado, critican a la portavoz de Avançam, Isa Allès, por su falta de conocimientos urbanísticos, señalando que sus declaraciones «no contribuyen a un debate constructivo» y solo generan confusión. «Más le valdría estudiar el funcionamiento de la Administración, ya que su desconocimiento o mala intención, siempre dada a generar crispación, es alarmante e insoportable», indican.
Revocación de la licencia
Desde Avançam, argumentan que la licencia se ha concedido basándose en el anterior Plan Territorial Insular (PTI), cuando debería haberse aplicado el nuevo PTI, más restrictivo, aprobado de manera inicial en enero de 2021 y definitivamente en junio de 2023. Según sus informes, la documentación completa del promotor no se presentó hasta julio de 2023, con el nuevo PTI ya publicado en el BOIB.