El Ayuntamiento de Alaior ha aprobado el proyecto de legalización de las siete piscinas que el agroturismo de Torre Vella construyó sin contar con licencia y que hizo pasar por sistemas para almacenar agua en la documentación presentada para conseguir el visto bueno medioambiental. La empresa promotora, el arquitecto y el director técnico de la obra se libran como mínimo del 95 por ciento de la sanción –casi medio millón de euros para cada una de las partes– a la que se enfrentaban por las infracciones «muy graves» detectadas por Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico a raíz de una denuncia presentada por el grupo ecologista GOB.
Los promotores franceses del polémico agroturismo han conseguido regularizar las pequeñas piscinas de uso privado para sus habitaciones de lujo casi cuatro años después de presentar el proyecto de legalización, una demora en la tramitación que les ha favorecido. Hay que tener en cuenta que la Ley de Urbanismo establece que se tendrá que aplicar la normativa vigente en el momento de la resolución del expediente, a no ser que esta llegue fuera del plazo establecido, que era de tres meses. El nuevo Pan Territorial Insular (PTI) no permitiría ni de lejos ajustar a la legalidad esta actuación.
Desde el Ayuntamiento de Alaior defendían ayer que la aprobación de la legalización cuenta con los informes favorables tanto técnico, como jurídico y que ha seguido todos los procedimientos establecidos. En cuanto a la demora en su tramitación, desde el departamento de Urbanismo aludían a las deficiencias que se iban detectando en el mismo. El proceso también ha contado con el visto bueno del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística en Suelo Rústico, que emitió informes de alcance favorables a principios del año pasado en los que se limitaba a atestiguar que el proyecto de legalización abarcaba las infracciones detectadas.
El ente de control urbanístico en suelo rústico, dependiente del Consell, mantiene abierto el expediente por las infracciones denunciadas –la más llamativa, la construcción de esas siete piscinas sin licencia– y por ese motivo desde el departamento de Ordenación Territorial y Turística del Consell declinaban ayer pronunciarse al respecto. No obstante, hay que tener en cuenta que la Llei d’Urbanisme de les Illes Balears establece que la legalización de infracciones anteriores al año 2020 implica una reducción de hasta el 95 por ciento en la propuesta de sanción, lo que dejaría el importe en poco más de 20.000 euros.
Además, en la misma legislación se establece que sobre ese cinco por ciento de multa se puede llegar a aplicar otro 40 por ciento de reducción, si antes de la resolución del expediente, los infractores reconocen expresamente su responsabilidad en las actuaciones, renuncian a cualquier acción o recurso en vía administrativa y pagan voluntariamente la multa.
Cabe recordar en este punto que, al conocer la tramitación de la legalización del proyecto, la ahora extinta Comisión Balear de Medio Ambiente aseguró que las actuaciones no eran legalizables porque contradecían los condicionantes de la autorización concedida. Además advertían de que cualquier proyecto en ese sentido tendría que recabar de nuevo su visto bueno. Fuentes conocedoras del proceso aseguraban ayer que los técnicos municipales no han considerado necesario volver a pasar una evaluación ambiental, control que tras la aprobación del el decreto de simplificación administrativa está en manos de una sola persona, la directora general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental.
KapakTu lo has dicto. Estàs parasitos no cumplieron la ley y ahora premio pelota!