Con la aprobación del proyecto de legalización los promotores del agroturismo de Torre Vella (Alaior) han esquivado el grueso de la sanción por la infracción urbanística que supuso construir siete piscinas sin contar con licencia. Sin embargo, todavía se exponen a una multa por haberlas presentado como depósitos para almacenar agua ante la –como tal ya extinta– Comisión Balear de Medio Ambiente, que en 2018 dio el visto bueno al proyecto dando por sentado que se iba a habilitar ese sistema para ahorrar recursos hídricos y solo informó favorablemente a la construcción de una de las ocho piscinas que hoy dan servicio a los huéspedes del establecimiento.
El Consell insular confirmó ayer que tiene abierto un expediente por la infracción que supone haber incumplido la llamada declaración de impacto ambiental, aunque declinó detallar el punto del proceso en el que se encuentra ni la propuesta de sanción del mismo. En este sentido hay que tener en cuenta que al tratarse de una instalación en suelo rústico es la administración insular la que reclama los informes favorables necesarios para la posterior declaración de interés general que permite al Ayuntamiento dar la licencia para su construcción.
La Comisión Balear de Medio Ambiente, que el decreto de simplificación administrativa del Govern de Marga Prohens ha reducido a un órgano unipersonal en manos de la directora general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, ya había advertido al Consell de que el proyecto de construcción de las piscinas supone un incumplimiento de la declaración de impacto ambiental. El que era su presidente, Antoni Alorda, había denunciado también que se estaba incurriendo en una nulidad de pleno derecho y que la única salida para los promotores era restituir la solución anterior –eliminar las piscinas– y volver a tramitarlas. Todo ello no ha impedido que el Ayuntamiento haya aprobado la legalización de las mismas.