El caso Nerer languidece, tras nueve años de instrucción, entre el interminable vaivén de jueces de nuevo cuño y el aparente desinterés de la Fiscalía, que ha pasado de liderar la acusación de las presuntas irregularidades penales del gobierno Brondo y su entorno, a ser la rémora que eterniza aún más la lenta tramitación de los asuntos judiciales.
Tras el verano hemos vivido el último episodio. La Audiencia Provincial ya se aprestaba por fin a dilucidar los recursos de los abogados defensores para decretar la apertura de juicio oral cuando, nuevamente, el Ministerio Público ha faltado a la cita. Disponía de plazo hasta el 19 de septiembre para contestar los recursos y, tres meses después, aún no consta que lo haya hecho.
El fiscal debe dar respuesta al doble recurso de reforma y apelación interpuesto por el exconcejal Avel·lí Casasnovas y a los presentados por separado por los cuatro socios administradores de Gel-Fux, la empresa local presuntamente beneficiada por las operaciones de permuta urbanística que puso en marcha el Ayuntamiento. El presunto testaferro de Casasnovas, acusado de blanqueo de capitales, fue el único que no recurrió.
Nueve años
En enero se cumplirán nueve años de la llamada ‘Operación Pomada’, que lideró el entonces fiscal Anticorrupción Pedro Horrach y que consumó la detención de Avel·lí Casasnovas y del resto de técnicos y empresarios implicados en la trama. Desde entonces, la causa anda sumida en el más completo abandono por parte del Ministerio Fiscal, que no ha dado continuidad a la labor fiscalizadora de Horrach.
El abogado del Ayuntamiento, Francesc Marquès, reclama hasta 48 años de prisión para Avel·lí Casasnovas y los cinco empresarios más directamente implicados en la permuta de Can Saura Morell, contra los que pide que se abra juicio oral. Marquès solicita 16 años de cárcel para Casasnovas por cohecho, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales. También reclama el comiso de sus ganancias y el pago de una multa equivalente al doble del beneficio obtenido. Además, imputa sendos delitos de cohecho y tráfico de influencias a los empresarios, a los que solicita siete años de prisión, y cuatro al testaferro.
La Fiscalía rebaja la petición del Ayuntamiento y reclama, en conjunto, 38 años de prisión, 1,1 millones de multa y 481.598 euros de indemnización. En concreto, solicita 18 años de cárcel para Casasnovas y cuatro para cada uno de los empresarios. Pero el abogado defensor, Miquel Mercadal, cuestiona los presuntos ilícitos que se les imputan y alega que han prescrito.
Pepe LuisEl drama para tí, es que la gente ya te conoce. Hay que ver como te han retratado a la perfección: "Hi ha que ser molt pocavergonya per estar tan rabiós contra es que lluiten contra injustícies i dissimular i mirar cap a una altra banda davant ses corrupteles condemnades de personatges tan tèrbols com aquell regidor conco teu. Fes-t-ho mirar perquè tens es terrat molt fotut." Más claro agua, Josep Lluis.