Los vecinos del bloque de viviendas de Alaior, pendiente de subasta como consecuencia de la quiebra de la constructora Mussola y Bitácora Promociones SL, no tienen derecho a permanecer en el inmueble una vez que el edificio haya cambiado de propietario. Así lo establece el auto de la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Maó, dictado el pasado 7 de marzo.
En su resolución, la jueza remarca que en ninguno de los contratos de alquiler que las 56 familias aportaron el pasado mes de marzo, a requerimiento del juzgado, se aprecian fundamentos de fraude o simulación. A pesar de ello, la magistrada señala que el hecho de que los contratos no estén inscritos en el Registro de la Propiedad implica que los inquilinos no tienen derecho a permanecer en el inmueble cuando se transfiera la propiedad. En este sentido, desde el juzgado subrayan que dicha circunstancia debe hacerse constar en la publicidad de la subasta.
Preocupación de los vecinos
El complejo de viviendas situado entre las calles Avinguda Verge del Toro y la Carretera Nova debe salir a subasta como última fase de la ejecución hipotecaria, que ha sido reclamada por la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), una vez consumada la quiebra de la constructora de Es Castell que fue la que construyó el inmueble. En estos momentos, los inquilinos siguen pagando sus mensualidades a la empresa Balearic International Consulting 2015, SL, la intermediaria que arrendó el edificio.
Los vecinos del bloque de pisos están viviendo con mucha preocupación el proceso judicial, sobre todo después de que el pasado mes de septiembre recibieran la visita del personal de la firma M&P Ledesma Abogados, otro de los servicers inmobiliarios a los que la Sareb ha adjudicado la gestión de lotes de activos inmobiliarios a los que tiene que dar salida. Los representantes de M&P Ledesma Abogados intentaron acceder a las viviendas, pero no les dejaron entrar. Desde la empresa aseguraron que querían elaborar un estudio de «situación residencial» e identificar la existencia de posibles situaciones de vulnerabilidad entre las familias que tienen alquilados los pisos. Todo ello, a petición de la Sareb, que es la acreedora del préstamo que grava los inmuebles.
La situación del bloque de viviendas de Alaior es similar a la de los bloques de las calles Maria Lluïsa Serra y Pintor Calbó de Maó. En este caso, la Sareb se quedó con los pisos alquilados, que ya tenían inquilinos, y estos pudieron regularizar su situación, con la subrogación de sus contratos al llamado banco malo. Además, la Sareb ha retirado la comercialización de los pisos habitados y prevé que, este año, pasen a manos de la nueva sociedad estatal de vivienda. Ahora, el Ayuntamiento solicita que los inquilinos actuales tengan prioridad cuando se incorporen al parque público de viviendas.
Por todo ello, las familias que residen en el bloque de pisos de Alaior esperan una solución individualizada, similar a la de Maó, donde se ha aplicado un enfoque social.
Menork338Ni coletas ni sa Meva cara guapa: "El derecho a una vivienda digna y adecuada está consagrado en el artículo 47 de la Constitución Española. Este artículo establece que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y que los poderes públicos deben promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho"