Es el municipio con más ‘hortals’ de Menorca y donde más difícil será legalizarlos. El pleno del Ayuntamiento de Ciutadella aprobó este jueves, con la abstención del PP y el voto en contra de Vox, los requisitos que se exigirán a los propietarios para acogerse a la ‘amnistía’ decretada por el Govern. Se calcula que solo en este municipio hay más de 2.000 construcciones en suelo rústico fuera de ordenación.
La concejal de Urbanismo, Sandra Moll, defendió este alto nivel de exigencia porque los propietarios se beneficiarán de una revalorización de sus inmuebles una vez regularizados: «Qué menos que ser estrictos», afirmó. El portavoz de los populares, Joan Benejam, acusó por su parte al tripartito de intentar «bloquear» el proceso con unos requisitos «casi imposibles» de cumplir.
«Han cogido los criterios aprobados por el Ayuntamiento de Maó y todavía los han complicado más, ni siquiera Héctor Pons [el alcalde de la ciudad de llevant] se ha atrevido a tanto», aseguró el edil de la oposición en el pleno, «en vez de facilitar a las familias que puedan legalizar sus propiedades les ponen palos en la rueda y convierten a los ciutadellencs en ciudadanos de tercera en Menorca».
Moll: «No hay que hacer tanto drama»
Sandra Moll admitió contactos con Maó para tratar de aplicar los mismos criterios en los dos municipios de Menorca que gobierna la izquierda, pero finalmente se han distanciado porque «ambos tenemos realidades muy diferentes». «Es evidente que no los consensuaremos con los ayuntamientos que gobierna el PP, que serán más laxos», afirmó.
Con todo, la concejal socialista defendió que los requisitos fijados «ni son descabellados ni imposibles de cumplir», como sostiene la oposición: «Si estos propietarios tuvieran que pedir una licencia de obra nueva también tendrían que hacer mucho papeleo, no hay que hacer tanto drama», replicó al PP.
Para Joan Benejam resulta excesivo imponer a los propietarios un nivel C de eficiencia energética y obligar a adaptar la carpintería de las casas, el color de las fachadas o el aislamiento exterior, entre otros criterios. Un coste que se añade al del proyecto arquitectónico y al pago de la sanción que lleva asociada la legalización.
El PP justificó su abstención a la propuesta porque está a favor de la ley impulsada por el Govern. Por su parte, la concejal de Vox Maite de Medrano auguró que con unos criterios de legalización tan restrictivos «no vamos a solucionar los problemas, sino a agravarlos».
El proceso de regularización de 'hortals' se prolongará durante los próximos tres años. El Ayuntamiento tiene seis meses para resolver las peticiones y, en caso de no hacerlo, se interpretará que el silencio es positivo. La comprobación de las condiciones se hará a posteriori. A pesar del colapso del área de Urbanismo, Sandra Moll dijo que se intentará actuar «con la máxima celeridad».
eutxiucauntarde piulaste...