El Ayuntamiento de Ciutadella establecerá unos criterios «lo más restrictivos posibles» dentro del margen que tienen los municipios para aplicar el procedimiento de legalización extraordinaria en suelo rústico que ha impulsado el Govern balear. Así lo asegura la concejal de Urbanismo, Sandra Moll, quien explica que la intención del equipo de gobierno de PSOE, PSM y Ciutadella Endavant es llevar al pleno de abril el documento con los criterios de carácter ambiental que fijará el Consistorio para los propietarios que quieran legalizar sus construcciones.
El objetivo de Ciutadella es aprobar los criterios propios que pueden establecer los municipios para legalizar las construcciones en rústico lo más rápidamente posible, puesto que el equipo de gobierno del PP en el Consell llevará al pleno del próximo lunes la validación de la disposición séptima de la ley de simplificación administrativa del Govern, que es la que regula la legalización extraordinaria de los hortals. El pasado mes de julio, el pleno insular ya aprobó la aplicación en la Isla del proceso de legalización a través del decreto-ley del Govern, pero ahora debe volver a pasar por el pleno después de que se haya convertido en ley.
Uno de los cambios introducidos es que ahora el texto del Govern especifica que los criterios ambientales y estéticos para legalizar las construcciones deben ser aprobados en los plenos de los ayuntamientos, que son los encargados de otorgar las licencias de legalización.
Criterios distintos
A pesar de que desde el departamento insular de Ordenación Territorial y Turística se ha trabajado para unificar los criterios de legalización de las construcciones, para lo cual se han realizado hasta tres reuniones con los técnicos y juristas municipales, finalmente serán los ayuntamientos los que acabarán fijando los criterios concretos en el ámbito de la autonomía que les da la norma. El texto del Govern prevé que los consistorios puedan establecer medidas de carácter ambiental que impliquen una reducción de la contaminación lumínica y un incremento de la eficiencia energética o hídrica, además de sistemas de depuración de agua, pero deja a los responsables municipales la concreción de los requisitos.
En este sentido, desde Ciutadella explican que el Consell acordó un documento con los técnicos de los diferentes ayuntamientos, pero se trata de una guía orientativa, por lo que ahora los consistorios tienen margen para aplicarlo. «Nosotros intentaremos restringirlo al máximo, para que, como mínimo, la legalización sirva para que se hagan mejoras en todas estas construcciones en cuanto a sostenibilidad», asegura Sandra Moll. Por su parte, desde el Ayuntamiento de Maó también señalan que están trabajando para establecer sus propios criterios.
Todo ello abre la puerta a que puedan coexistir en la Isla criterios diferentes en la aplicación de la legalización de los hortals, algo que desde el Consell se quería evitar. «Creemos que es importante que se apliquen los mismos criterios, para garantizar una mayor seguridad jurídica, pero la decisión final es de los consistorios», señala la consellera Núria Torrent. De momento, en la Isla solo se han presentado una quincena de peticiones de legalización.
Que el Ayuntamiento de Ciudadela no facilite nada no es ninguna novedad. Como siempre, la izquierda poniendo palos en las ruedas. Nunca soluciones.