La modificación del Plan Territorial Insular (PTI), que el equipo de gobierno del PP ya tiene lista, incluirá mecanismos para abordar una de las principales cuestiones pendientes del Consell en materia urbanística: la posible legalización del parque acuático de Biniancolla (Splash) para evitar una indemnización millonaria. Así lo desveló ayer el presidente Adolfo Vilafranca, durante la rueda de prensa en la que hizo balance de los dos primeros años de gobierno en el Consell.
El presidente explicó que «el PTI intentará ofrecer soluciones a los problemas en suelo rústico, para evitar que la administración tenga que afrontar indemnizaciones millonarias como la de Cesgarden, que hipotecó las cuentas del Consell y obligó a desembolsar más de 30 millones de euros del bolsillo de todos los menorquines».
Vilafranca remarcó que no se ha planteado una solución específica para el caso del parque acuático de Biniancolla, sino que se ha buscado una fórmula general que pueda aplicarse a otros casos similares.
«Afrontaremos los temas urbanísticos en suelo rústico, pero no plantearemos soluciones específicas para casos concretos muy particulares. Haremos un análisis de todas las problemáticas existentes en suelo rústico y les daremos un tratamiento general, aunque sí se ofrecerá una solución para situaciones como la de Biniancolla», señaló el presidente, que también recalcó que «el PTI apuntará la solución, pero después será necesaria una tramitación adicional».
Por su parte, la consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, precisó que la fórmula para legalizar el parque acuático «también permitirá dar solución a otros casos similares en suelo rústico, como el de algunas depuradoras, deixalleries, hípicas y ampliaciones de cementerios». «Se trata de cuestiones que los ayuntamientos nos han trasladado, y ofreceremos una solución general para todas ellas, que después deberá desarrollarse mediante planes especiales», añadió.
Sin solución para Son Bou
Sin embargo, desde el Consell descartan que la revisión del PTI pueda servir para hacer frente a otra de las reclamaciones millonarias a las que debe hacer frente la institución: la de la promotora Cesgarden, que exige 43 millones de euros por el bloqueo de su hotel en Son Bou. Esta reclamación se suma a los 30 millones ya abonados por el Consell debido al recorte de plazas impuesto por el anterior Plan Territorial.
«No tocaremos ni una coma de las áreas de reconversión territorial (ART), porque es un tema muy sensible y no queremos provocar ninguna indemnización más», subrayó Torrent.
La consellera también descarta que el nuevo PTI permita reducir la altura de las dos torres de doce plantas del hotel de Melià en Son Bou —tal como habían propuesto la empresa y el propio Ayuntamiento de Alaior— mediante una compensación del volumen perdido con edificaciones en dos parcelas adyacentes, que fueron desclasificadas en su día por el anterior PTI.
Desde el Consell también explicaron que la redacción del PTI ya está finalizada y que el documento para su aprobación inicial está listo. «Se están tramitando los informes internos y después irá al plenario», precisió Vilafranca, quien aseguró que «si no va al pleno del mes de julio, será en el siguiente».
S’hagués pogut fer millor. Ara bé, molt bona notícia perquè l’alternativa era que els menorquins paguéssim una indemnització milionària a càrrec de tots.