El anuncio de la Comisión Europea sobre el recorte de las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) a partir de 2028, que ha encendido todas las alarmas en el sector agrario menorquín, sirvió ayer al conseller de Agricultura, Pesca y Medio Natural, Joan Simonet, para subrayar la importancia de la diversificación económica de las explotaciones de la Isla como vía para garantizar su rentabilidad. Según indicó, esta meta constituye el principal objetivo de la nueva Ley Agraria de Balears, que está tramitando ahora el Govern.
La advertencia del conseller tuvo lugar en el marco de la sexta edición del Foro Menorca Agro Santander, celebrada en el Hotel Mirador des Port de Maó, que volvió a reunir a profesionales del sector, autoridades —como el alcalde de Maó y la consellera insular de Economía, María Antonia Taltavull— y a los representantes de las principales organizaciones agrarias.
Menos ayudas
Simonet recalcó que la nueva PAC que se está negociando implicará cambios sustanciales. «En Europa hay una agricultura en el sur y otra en el norte muy diferente», señaló. Esta circunstancia, aseguró, sumada a las dificultades financieras derivadas de la guerra de Ucrania, provocará una reducción significativa de fondos a partir de 2028 para toda Europa, incluida España.
Además, explicó que también se están planteando cambios en la gestión, y algunos fondos que hasta ahora estaban en manos de los ministros de Agricultura pasarán a formar parte de partidas transversales. «Esto puede suponer una pérdida para los payeses de toda Europa, a pesar de que existe una oposición generalizada», lamentó.
En este sentido, remarcó que, si nada cambia, España recibirá menos ayudas, aunque posteriormente se tendrá que negociar el reparto entre comunidades. La nueva PAC, añadió, también incluirá «una cierta relajación de la economía verde» y potenciará la diversificación económica dentro de las explotaciones agrarias. «A veces no se puede diversificar en producto, por lo tanto este concepto va más allá», remarcó el conseller, quien señaló que «se puede seguir optando por la vía exclusiva de las subvenciones o generar nuevos modelos de negocio para incrementar las rentas, siempre con la condición de que se mantenga la actividad agraria».
Por todo ello, Simonet explicó que la nueva Ley Agraria balear, a la cual se han presentado 60 alegaciones que ahora se están analizando, ofrece herramientas para facilitar la actividad y mejorar la rentabilidad del sector.
Para lograrlo, la norma amplía la capacidad de las explotaciones para vender de manera directa y ofrecer degustaciones de los productos. «Esto no es montar restaurantes, sino crear puntos de venta que aportan un valor añadido a la marca», subrayó. Asimismo, la ley facilitará la introducción de las energías renovables y las actividades complementarias, como las agroestancias. «Estos son elementos vitales para que las fincas no tengan que depender del Provilac o de la PAC, y puedan obtener beneficios y luego reinvertirlos», afirmó.
La nueva ley también servirá para armonizar conceptos que actualmente pueden tener definiciones distintas según la normativa de cada isla, y para avanzar en la simplificación administrativa, eliminando, por ejemplo, la necesidad de declarar el interés general para realizar inversiones en el campo.