La Obra Cultural Balear (OCB) ha presentado alegaciones contra la aprobación inicial del Reglamento de Usos Lingüísticos del Consell de Menorca, advirtiendo de la ausencia de informes clave y vulneraciones del marco legal vigente. Según la entidad, «faltan los informes previos del Consell Jurídic Consultiu de les Illes Balears y de la Universitat de les Illes Balears (UIB)», documentos considerados imprescindibles para este procedimiento.
La OCB solicita por este motivo que se revoque la aprobación inicial o, en su defecto, que se suspenda inmediatamente su tramitación. Entre las deficiencias formales señaladas destaca la falta de consultas a la UIB, que «es la institución oficial consultiva para cuestiones relativas a la lengua catalana» en virtud del artículo 35 del Estatut d'Autonomia de les Illes Balears.
En palabras de la entidad, «este reglamento responde a intentos de reducir los derechos lingüísticos de los menorquines». Además, recalca «la conveniencia de incorporar el parecer del Consell Social de la Llengua Catalana» en su elaboración.
Críticas a priorizar el 'menorquín'
Otras de las objeciones se centra en la priorización de la variante menorquina del catalán. La OCB afirma que esta medida se adopta sin respaldo académico y «al margen del derecho vigente», ya que se equipara un dialecto a la lengua normativamente establecida. La UIB también ha criticado esta elección, considerando que carece de fundamento científico.
La OCB argumenta que el nuevo reglamento «supone un retroceso injustificado del marco jurídico de protección de la lengua catalana», sobre todo al comparar con los estándares autonómicos (como el Decreto 49/2018) y el reglamento aún vigente del propio consell menorquín de 2021. La propuesta colisiona, según afirman, con el principio de no regresión en materia de derechos lingüísticos.
Repercusiones jurídicas
El reglamento debe someterse, de acuerdo la legislación vigente, al informe del Consell Jurídic Consultiu y sería adecuado, a juicio de la OCB, contar también con el análisis de la UIB por su impacto en la normalización del catalán y las administraciones públicas menores. La omisión de dicha consulta, añaden, «podría provocar la nulidad de la norma aprobada».
La OCB advierte de medidas consideradas regresivas en ámbitos como personal, actuaciones administrativas internas, contratación pública o el uso por parte de cargos públicos, que podrían afectar a la protección de la lengua.
PirataEs una pena que el menorquin este perdiendo toda su idiosincracia. Menorca va a la DERIVA por culpa de sus politicos .Menorca no tendria que perder ni sus costumbres ni su idiosincracia.