Los informes técnicos que el Servicio de Asesoramiento Ambiental del Govern ha elaborado en respuesta a las consultas hechas por el Ministerio de Transición Ecológica sobre los dos documentos iniciales de proyecto para instalar sendos parques eólicos marinos frente a la costa menorquina han sido denunciados ante la Fiscalía de Medio Ambiente.
El denunciante, experto con una amplia experiencia en el sector que ha preferido que no se revele su nombre, argumenta en la denuncia, a la que ha tenido acceso este diario, que estos informes se extralimitan en su cometido, realizando afirmaciones sin un sustento técnico sobre una materia que no les compete con el solo objetivo de oponerse al desarrollo de esta tecnología, lo que asegura que podría derivarse en infracciones tanto administrativas como penales por parte de los técnicos firmantes y de los responsables de un servicio que depende de la Conselleria balear de Vivienda, Territorio y Movilidad.
El escrito que está sobre la mesa de la Fiscalía de Medio Ambiente asegura que cuando en sendos informes los técnicos se posicionan rotundamente llegando a recomendar que no hay que seguir con la tramitación de los parques, «se exceden de forma sistemática» en el objetivo de la consulta solicitada por el Ministerio, que no es otra que conocer el alcance técnico del eventual Estudio de Impacto Ambiental que habría que elaborar durante la tramitación de los proyectos.
Para oponerse al desarrollo de estos parques flotantes el Govern, asegura la denuncia, «recurre a argumentos genéricos como un impacto visual severo» y a referencias obsoletas a prohibiciones en otros países, haciendo caso omiso a avances tecnológicos o sociales que se han producido para la minimización del impacto de este tipo de instalaciones. «Lo hacen para fundamentar su negativa a la tramitación de los parques sin el más mínimo análisis multicriterio exigido por la normativa, ignorando explicaciones técnicas, datos empíricos internacionales y recomendaciones de organismos e instituciones de la Unión Europea y de España».
Con todo, se considera que con estos informes, los autores pueden haber incurrido en presuntos delitos de prevaricación, por «emitir resoluciones arbitrarias a sabiendas de su injusticia o desviando su competencia legal», desviación de poder, «por la usurpación de funciones consultivas para ejercer un bloque de facto», y de obstaculización dolosa de políticas públicas prioritarias, por «bloquear selectivamente proyectos alineados con la Hoja de Ruta de la Eólica Marina, el principio de las mejores técnicas disponibles y la lucha climática europea». Todo ello, abunda la denuncia, podría constituir un abuso de posición pública con daños a la «colectividad e intereses generales».
Mai ens va bé res. Mai volem res, però tampoc volem perdre comoditats. Així som: criticar i criticar, normalment sense arguments, i protestar per tot sense plantejar alternatives.