El apoyo del pleno del Consell a los inquilinos de la Sareb en Maó quedó este lunes descafeinado, después de que el PP se viera obligado a retirar la mayor parte de los puntos de su moción. El acuerdo se limitó a reclamar la renovación de los contratos de alquiler vigentes, sin aludir ni siquiera a la subida de precios.
Los populares, que en un principio pedían acogerse al decreto estatal que permite prorrogar por dos años y en las mismas condiciones los contratos que vencen este año, acabaron por enmendarse a sí mismos y retirar esta referencia. El motivo es que el PP votará en contra de su convalidación en el Congreso.
Los otros puntos de la moción que decayeron incumplían el reglamento del Consell que impide repetir votaciones sobre un mismo asunto si no ha transcurrido al menos un año. Fue en enero cuando el desacuerdo entre gobierno y oposición impidió sacar adelante una propuesta que pedía limitar las subidas en los contratos de la Sareb a renovar.
El portavoz del PSOE, Eduardo Robsy, afeó a la consellera de Vivienda, Nuria Torrent, que su departamento no haya asesorado a las familias afectadas para acogerse a una norma estatal que les garantiza «dos años de tranquilidad con una prórroga obligatoria» aunque PP, Vox y Junts voten en contra de su convalidación.
Torrent recordó que también la parte socialista del Gobierno estaba en contra de este decreto, que salió adelante por las presiones de Sumar, y auguró que reducirá aún más la oferta de alquileres por su carácter «intervencionista». Puso como ejemplo al Ibavi, que no subirá este año las rentas a sus inquilinos en las Islas, y se preguntó por qué la Sareb, bajo el control del Estado, no hace lo mismo con sus viviendas.