La bailarina de danza oriental, acusada de estafa y falsedad documental al Consell de Menorca y al Institut d’Estudis Baleàrics del Govern, dispone de cuatro meses para reunir los 49.760 euros que le reclama el Ministerio Fiscal y la institución menorquina, adherido como acusación particular, para cerrar el acuerdo que evite la celebración del juicio.
La vista previa señalada para el miércoles en la Audiencia Provincial con presencia de la acusada junto a sus abogados tuvo que aplazasrse al no poderse plasmar en la práctica el preacuerdo existente entre todas las partes. El abogado del Consell reclama que el pago de los casi 50.000 euros se haga de una sola vez, cuando la intención de la bailarina era lograr un pago fraccionado.
Por este motivo quedó fijada la fecha del próximo 15 de enero para celebrar esta vista a prevención. La parte demandada está convencida de que habrá podido reunir el dinero reclamado para esa fecha. De ser así, el juicio se limitará a la lectura de la sentencia pactada por fiscal, defensa y acusaciones, con lo que la mujer evitará el riesgo de la condena de prisión que solicitan las acusaciones, es decir, tres años y siete meses, el fiscal y el Consell, y cinco años y dos meses, la Comunidad Autónoma.
La profesional de la danza ya había consignado en el juzgado el importe de la estafa al IEB, un total de 22.858 euros, pero no lo había hecho con la cantidad reclamada por el Consell, lo que impidió que el acuerdo quedara cerrado el mismo miércoles.
Admite los hechos
Responsable única de la Asociación Cultural Baladí-Estudio de Danza, Terapias alternativas y danzas del mundo, admite los hechos de las acusaciones por estafa continuada y falsedad documental. Había presentado facturas falsas para justificar los más de 80.000 euros que había recibido en subvenciones del orghanismo del Govern y del Consell para la organización de un festival de danza del vientre en la isla, con justificaciones que no eran reales.
El Consell le concedió subvenciones que ascendían a 95.995 euros entre 2016 y 2020, es decir, el doble de la cantidad que incluyó la fiscal en su escrito de acusación, al que se adhirió el año pasado el nuevo ejecutivo de la institución insular. De haberse personado como acusación particular cuando se instruyó la causa podría haber incorporado nuevas pruebas para incrementar la reclamación en un escrito propio si se hubiera dado el caso.